Los veterinarios de León han convocado una movilización para el próximo miércoles 26 de marzo, que tendrá lugar frente a la subdelegación del Gobierno en León, en protesta por el nuevo decreto que regula la dispensación y el uso de medicamentos en la clínica veterinaria. Esta movilización se enmarca en una serie de concentraciones en cascada que tendrán lugar en todas las delegaciones y subdelegaciones gubernamentales de España, bajo el lema común: “Dejadnos trabajar”.
La protesta surge como respuesta a una normativa que, según denuncian los profesionales del sector, compromete no solo el ejercicio clínico de la veterinaria, sino también el bienestar animal, la salud pública y la viabilidad económica de muchas clínicas veterinarias.
El sector, unido ante un decreto que consideran injusto
Un respaldo sin fisuras del sector veterinario
La respuesta del sector ha sido unánime. A la movilización se han sumado colegios profesionales, asociaciones científicas, universidades, patronales empresariales, sindicatos y asociaciones de veterinarios de toda España. En el caso de León, la protesta contará con la participación de representantes del Colegio Oficial de Veterinarios de León, la patronal CEVE León y el Sindicato de Veterinarios de León (SIVELE).
Todos coinciden en que el nuevo decreto supone una regresión para la profesión veterinaria y atenta contra su independencia clínica. Entre las principales quejas destacan:
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Imposibilidad de hacer valer el criterio clínico profesional en la dispensación de medicamentos.
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Burocracia excesiva que resta tiempo y recursos al cuidado animal.
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Sanciones desproporcionadas que ponen en riesgo la supervivencia de muchas clínicas.
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Desabastecimiento continuado de medicamentos veterinarios esenciales.
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Falta de interlocución con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que no ha contado con los profesionales del sector para la redacción de las nuevas normativas.
Un problema de salud pública
Más allá del ejercicio de la profesión, el colectivo veterinario recuerda que esta normativa puede afectar a la salud pública, al comprometer el correcto tratamiento de animales de compañía y de producción. Según denuncian, el nuevo sistema favorece un enfoque más administrativo que clínico, y eso puede tener graves consecuencias:
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Un tratamiento inadecuado o tardío puede derivar en zoonosis (enfermedades transmisibles de animales a humanos).
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La falta de acceso a ciertos medicamentos puede comprometer el control de enfermedades en ganaderías, afectando la seguridad alimentaria.
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El descontento de los veterinarios podría derivar en cierres de clínicas, dejando sin atención a poblaciones rurales.
Este conjunto de riesgos pone de manifiesto que el problema no afecta únicamente a los profesionales, sino también a los propietarios de mascotas, ganaderos y a toda la sociedad en su conjunto.
El IVA veterinario: una losa del 21 %
Uno de los puntos más conflictivos que subrayan los veterinarios es la aplicación de un IVA del 21 % a los servicios veterinarios, igual que un producto de lujo. Esta carga fiscal, vigente desde 2012, ha sido reiteradamente criticada por el sector:
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En países como Francia o Portugal, el IVA veterinario está reducido al 10 % o incluso al 6 %, en reconocimiento de la labor sanitaria de estos profesionales.
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En España, un servicio esencial como la atención veterinaria sigue siendo considerado como un lujo fiscal, lo que encarece los tratamientos y reduce el acceso a los mismos.
En numerosas ocasiones, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha solicitado que se reduzca el tipo de IVA aplicado a la actividad veterinaria, sin que hasta el momento se haya producido ninguna modificación.
Una sobrecarga burocrática sin precedentes
Más papeles que recetas
Otra crítica reiterada es la sobrecarga burocrática que los veterinarios tienen que soportar diariamente. Desde la entrada en vigor de diferentes normativas nacionales y europeas, los trámites administrativos han aumentado de manera exponencial:
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En una clínica veterinaria se pueden llegar a generar más de 15 documentos por cada tratamiento con antibióticos, según estimaciones de CEVE.
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Los controles y registros digitales obligatorios se duplican en muchos casos, y su incumplimiento puede derivar en multas que superan los 3.000 €.
Esta situación ha llevado a muchos profesionales a afirmar que “pasan más tiempo rellenando formularios que atendiendo a los animales”, lo que ha generado una frustración creciente y un ambiente de descontento generalizado.
Desabastecimiento de medicamentos: una amenaza real
Fármacos esenciales, fuera de stock durante semanas
El sector veterinario también denuncia el creciente desabastecimiento de medicamentos, especialmente de antibióticos y antiparasitarios esenciales para el tratamiento animal. Este problema, que afecta a toda Europa, ha sido especialmente grave en España durante el último año:
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Más del 45 % de las clínicas veterinarias en Castilla y León ha sufrido faltas de suministro durante más de 15 días consecutivos, según una encuesta interna del Colegio de Veterinarios.
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Medicamentos como la amoxicilina-clavulánico, fundamentales en la medicina veterinaria, han estado agotados durante semanas.
El desabastecimiento no solo complica la labor clínica, sino que puede poner en riesgo la vida de los animales, especialmente en casos de infecciones agudas o enfermedades crónicas.
El apoyo de los ciudadanos, clave para la movilización
Los veterinarios de León hacen un llamado directo a propietarios de mascotas, ganaderos y ciudadanía en general para que se sumen a la concentración del miércoles 26 de marzo. “No es una protesta corporativa, es una protesta por el bienestar de todos”, subrayan desde el Colegio de Veterinarios de León.
Durante la movilización, se procederá a la lectura de un manifiesto, que recogerá las reivindicaciones del sector y pondrá sobre la mesa los riesgos que suponen las actuales políticas públicas para el futuro de la profesión.
Un sector esencial, pero invisibilizado
Pese a su relevancia en el ámbito sanitario, el sector veterinario continúa siendo uno de los grandes olvidados por las administraciones públicas. En España, trabajan más de 34.000 veterinarios colegiados, según datos del INE, repartidos entre la sanidad animal, la inspección alimentaria, la docencia y la clínica.
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En provincias como León, con una importante actividad ganadera, los veterinarios son pieza clave en la cadena de seguridad alimentaria.
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La atención a animales de compañía ha aumentado en un 25 % en la última década, según ANFAAC, lo que ha multiplicado la demanda de servicios clínicos veterinarios.
Sin embargo, denuncian que su labor sigue sin tener el reconocimiento sanitario y fiscal que merece, lo que se traduce en dificultades económicas, falta de recursos y un grave riesgo de abandono de la profesión, especialmente entre los jóvenes.
Conclusión
La movilización del 26 de marzo no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sector profesional altamente cualificado y esencial para la salud pública, que se siente ignorado por las administraciones y sobrepasado por normativas que entorpecen su labor. El grito de los veterinarios, “Dejadnos trabajar”, sintetiza una demanda urgente: volver a situar al profesional veterinario en el centro de las decisiones que afectan directamente a su ejercicio clínico
