Los veterinarios de Castilla y León piden revisar el acuerdo UE–Mercosur: 5 riesgos clave para la ganadería y la seguridad alimentaria

Agronews Castilla y León

29 de enero de 2026

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Los veterinarios de Castilla y León reclaman establecer salvaguardas efectivas y reforzar los controles en frontera para preservar la seguridad alimentaria. Así lo defiende el Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, que se posiciona a favor de la revisión del tratado entre la Unión Europea y Mercosur por los perjuicios que, a su juicio, puede ocasionar al sector agropecuario, especialmente a la ganadería.

La posición de la profesión veterinaria parte de una premisa clara: el libre comercio puede aportar ventajas, pero nunca debe situarse por encima de la salud pública, el bienestar animal y la seguridad alimentaria. El comunicado de prensa asegura que el acuerdo, tal y como está planteado, genera dudas fundadas sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios y puede poner en riesgo décadas de avances en sanidad animal y control alimentario dentro de la Unión Europea.

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Por qué los veterinarios piden revisar el acuerdo con Mercosur

El Consejo considera fundamental que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analice los acuerdos suscritos con Mercosur para determinar si cumplen con los principios y exigencias comunitarias. La preocupación principal se centra en la falta de reciprocidad entre los sistemas de producción de la Unión Europea y los cuatro países que integran Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Según la profesión veterinaria, existen diferencias sustanciales en aspectos clave de la producción ganadera. Entre ellos destacan el uso y control de medicamentos veterinarios, la posible utilización de hormonas, los sistemas de alojamiento de los animales, las prácticas de manejo y las condiciones de alimentación. Estas diferencias generan una competencia desequilibrada que perjudica directamente al sector ganadero europeo.

El comunicado subraya que no se trata de rechazar el comercio internacional, sino de exigir que los productos importados cumplan las mismas normas que se imponen a los productores europeos. De lo contrario, se produce una situación de competencia desleal que penaliza a quienes han invertido durante décadas en mejorar la sanidad animal, la trazabilidad y la calidad de los alimentos.

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Seguridad alimentaria y modelo “De la granja a la mesa”

Uno de los pilares del posicionamiento de los veterinarios de Castilla y León es la defensa del modelo europeo de producción agroalimentaria. La nota de prensa dice que la Unión Europea no puede obviar los avances logrados en sanidad animal y seguridad alimentaria gracias al esfuerzo conjunto de ganaderos y veterinarios.

El esquema “De la granja a la mesa” se basa en un control integral de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Este modelo ha permitido mejorar la trazabilidad, reducir riesgos sanitarios y ofrecer mayores garantías al consumidor europeo.

La entrada masiva de productos procedentes de países con normativas menos exigentes puede comprometer este sistema. En especial, preocupa la importación de carne en grandes volúmenes, ya que un fallo en los controles podría tener consecuencias graves para la salud pública.

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Diferencias en sanidad y bienestar animal

El comunicado detalla que las divergencias entre la Unión Europea y los países de Mercosur no son menores ni anecdóticas. En el ámbito de la sanidad animal, se citan diferencias en la administración de medicamentos y en el uso de sustancias que están estrictamente reguladas o prohibidas en la UE.

En cuanto al bienestar animal, los veterinarios señalan diferencias en los espacios de alojamiento, las condiciones de manejo y los sistemas de alimentación. Estas prácticas, permitidas en algunos países exportadores, no cumplirían los estándares europeos y, sin embargo, podrían dar lugar a productos que compiten directamente en el mercado comunitario.

Esta falta de reciprocidad no solo afecta a la rentabilidad de las explotaciones europeas, sino que también genera un agravio comparativo desde el punto de vista ético y normativo.

La necesidad de salvaguardas y controles en frontera

Ante este escenario, el Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León se muestra favorable a establecer salvaguardas específicas que garanticen la seguridad alimentaria de los productos importados desde Mercosur.

La nota de prensa asegura que estas salvaguardas deben ir acompañadas de un refuerzo real de los controles en frontera, tanto en medios humanos como técnicos. En este punto, los veterinarios reclaman una mayor presencia de profesionales veterinarios en los puestos de control fronterizo, al considerarlos esenciales para verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de bienestar animal.

Sin un refuerzo efectivo de estos controles, advierten, el riesgo de entrada de productos que no cumplen los estándares europeos aumenta de forma significativa.

Soberanía alimentaria y dependencia exterior

Más allá de los aspectos técnicos, los veterinarios de Castilla y León alertan sobre las consecuencias estratégicas del acuerdo en términos de soberanía alimentaria. El comunicado recuerda las situaciones de riesgo de suministro vividas en los últimos años, especialmente a raíz de la Guerra de Ucrania.

Una dependencia excesiva de importaciones exteriores puede poner en peligro la capacidad de autoabastecimiento de la Unión Europea. Según la profesión veterinaria, este riesgo afecta tanto a la producción animal intensiva como a la extensiva, con un impacto especialmente negativo en las razas autóctonas, que no pueden competir en términos de rendimiento con modelos productivos más intensivos y menos regulados.

El futuro del medio rural también está en juego. La pérdida de rentabilidad de las explotaciones ganaderas puede acelerar el abandono de zonas rurales y agravar problemas estructurales como la despoblación.

Castilla y León, una región clave para la ganadería

Rufino Álamo, presidente del Consejo, destaca en el comunicado la apuesta por la calidad realizada por el sector y la industria agroalimentaria de Castilla y León. Se trata de una región donde la actividad pecuaria tiene un peso económico muy relevante.

La nota de prensa asegura que Castilla y León es líder en cabaña bovina y se sitúa entre los principales productores de ovino, porcino, aves e incluso apicultura. Este posicionamiento se ha logrado gracias a un modelo productivo que prioriza la calidad, la sanidad animal y el cumplimiento de normativas exigentes.

La entrada de productos importados que no cumplen las mismas reglas puede poner en riesgo este equilibrio y afectar a toda la cadena agroalimentaria regional.

El papel del consumidor final

El comunicado concluye con un llamamiento directo a los consumidores. Los veterinarios de Castilla y León piden que sean conscientes de las repercusiones que tendría la puesta en marcha del acuerdo en las condiciones previstas.

Como destinatarios finales de los productos importados, los consumidores pueden verse afectados por la entrada de alimentos obtenidos en condiciones que han sido prohibidas en la Unión Europea. Según la nota de prensa, algunas de estas prácticas suponen un fraude para el consumidor, entrañan riesgos para la salud pública o afectan negativamente al bienestar animal y al medio ambiente.

La profesión veterinaria considera fundamental que el consumidor disponga de información clara y transparente para poder tomar decisiones de compra responsables y alineadas con los valores de seguridad alimentaria y sostenibilidad.

Un debate abierto con implicaciones a largo plazo

La petición de los veterinarios de Castilla y León se enmarca en un debate más amplio sobre el futuro del modelo agroalimentario europeo. El acuerdo UE–Mercosur no es solo una cuestión comercial, sino una decisión con implicaciones profundas para la salud pública, el bienestar animal, la soberanía alimentaria y la cohesión del medio rural.

La revisión del tratado por parte de las instituciones europeas aparece, según el comunicado, como un paso necesario para garantizar que el comercio internacional no socave los estándares que la Unión Europea ha construido durante décadas.

 



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