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Ya que está de actualidad las reivindicaciones de algunos partidos políticos para modificar el Código Penal, afirman desde La Unión de Extremadura, en el sentido de eliminar o bajar las penas por delitos de sedición, de enaltecimiento del terrorismo o de injurias a la Corona, podían aprovechar por reducir de manera drástica las penas por producir productos agrarios sin el consentimiento de la empresa que ha registrado la variedad de dicho producto.

La Ley 10/1995 del Código Penal establece un castigo de entre uno y tres años de prisión al que produzca o reproduzca con fines agrarios material vegetal sin el consentimiento del titular de la variedad.

O sea que el que injerte 5 cirulos sin pagar el “royalty” o la siembre media hectárea de trigo sin pagar la correspondiente autorización a Geslive, le pueden meter tres años en la cárcel.

La Unión Extremadura ha remitido un escrito a los partidos políticos para despenalizar la producción de material vegetal sin el pago de la mordida a Geslive y que se reduzca de manera drástica la pena para los que comercialice sin el pago de dichas cantidades confiscatorias.

Son falsas, afirman desde la Unión de Extremadura, las afirmaciones de Geslive en el sentido de querer justificar la pena de cárcel para una agricultora de Ávila en el sentido de que producir sin pagarles a ellos la mordida puede favorecer la transmisión de enfermedades, de que compromete el futuro de la agricultura, o que dicha práctica suponga una competencia desleal. Lo realmente desleal es que los políticos legislen para recaudar fondos para las innumerables multinacionales que están cobrando dinero por registrar lo que en la mayor parte de las veces produce la naturaleza.

Estamos a favor de la investigación, aseveran desde la Unión, pero entienden que la administración no puede dejar la misma exclusivamente en manos de ciertas multinacionales que están registrando como propias variedades producidas espontáneamente en la naturaleza.

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