La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha expresado su más profunda decepción y preocupación tras conocer la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que archiva la denuncia por supuesta fijación de precios en la venta de leche UHT de marca blanca por parte de cadenas de distribución como Mercadona, Bonpreu y Lidl. Según la organización agraria, la CNMC ha decidido mirar hacia otro lado ante unos indicios claros de prácticas anticompetitivas que están hundiendo al sector ganadero lácteo en España.
La denuncia fue presentada en 2022 por Unión de Uniones, en colaboración con Unió de Pagesos y organizaciones de consumidores, al detectar una coincidencia sistemática en los precios de venta al público de la leche UHT en las principales cadenas de supermercados, lo que, a juicio de los denunciantes, podría constituir una infracción grave de la Ley 5/2007 de Defensa de la Competencia.
Pese a los indicios presentados y a la creciente preocupación del sector productor, la CNMC ha decidido no abrir una investigación en profundidad, lo que Unión de Uniones considera una muestra de complicidad con los intereses de la gran distribución, en detrimento de los derechos de los productores y de la propia legislación en defensa de la competencia.
“La CNMC no puede estar esperando una pistola humeante, porque en este tipo de acuerdos no suele haber constancia escrita”, denuncia Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. “Se habla, se acuerda verbalmente, se observa el comportamiento de los otros operadores y se actúa en consecuencia. Y eso es lo que se ha producido: una estrategia de alineamiento de precios que daña gravemente al sector primario y banaliza un producto esencial como es la leche”.
Desde Unión de Uniones se insiste en que el seguimiento de precios presentado junto a las demás organizaciones denunciantes arrojaba evidencias suficientes para al menos iniciar una investigación minuciosa, y no un archivo prematuro. La organización cree que la explicación dada por la CNMC, basada en el uso de “inteligencia de negocios” para justificar la similitud en precios entre operadores, es “una excusa superficial” y que, en la práctica, sirve para blanquear el comportamiento de empresas que ya ejercen un dominio desproporcionado en la cadena alimentaria.
La leche, símbolo de la desigualdad en la cadena
Para Unión de Uniones, el caso de la leche UHT es uno de los ejemplos más claros del desequilibrio estructural en la cadena alimentaria. Un producto esencial para la dieta, cuya producción implica altos costes y condiciones exigentes para los ganaderos, es utilizado de forma recurrente como producto reclamo en los supermercados, que lo venden a precios muy por debajo del coste de producción, presionando a los eslabones anteriores para que asuman las pérdidas.
“La banalización de la leche no es un fenómeno nuevo”, apunta el responsable del sector lácteo dentro de Unión de Uniones. “Llevamos años advirtiendo de las consecuencias de esta práctica, que deja al productor sin margen, a menudo por debajo del precio mínimo que cubriría los costes, lo que es ilegal según la Ley de la Cadena Alimentaria, pero sigue sucediendo con total impunidad”.
La organización denuncia que la gran distribución impone sus condiciones de compra a las industrias lácteas, y éstas, a su vez, trasladan esa presión a los ganaderos. “Es un efecto dominó perverso —afirman— que empieza en las grandes superficies y termina en la ruina de los ganaderos de leche, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar sus explotaciones o a reconvertirlas”.
Uno de los aspectos más criticados por Unión de Uniones es la actitud pasiva de la CNMC cuando se trata de investigar supuestas infracciones cometidas por los grandes operadores del sector de la distribución. La organización considera que el organismo debería ejercer un papel más activo y valiente en la defensa del equilibrio en los mercados, en especial cuando las posibles irregularidades afectan directamente a sectores estratégicos como el agroalimentario.
“Cada vez que una denuncia puede tener implicaciones en el IPC o afectar a grandes empresas, parece que la CNMC no muestra demasiado entusiasmo por tirar del hilo”, afirma Cortés. “Nosotros nos preguntamos si en lugar de garantizar la libre competencia, la CNMC no está protegiendo ciertos intereses bajo el pretexto de evitar alteraciones macroeconómicas”.
Además, Unión de Uniones advierte que la reiteración de estas decisiones pasivas genera un mensaje peligroso: que la gran distribución puede seguir actuando con total libertad, sin temor a sanciones ni a una supervisión efectiva, mientras los productores siguen desprotegidos y sometidos a una legislación que se aplica de forma desigual.
Otro elemento clave que denuncia Unión de Uniones es la falta de eficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria, que supuestamente prohíbe la venta a pérdidas y obliga a que todos los eslabones de la cadena cubran, al menos, sus costes de producción. En la práctica, aseguran, esta ley no se cumple, y su aplicación es arbitraria y desigual.
“Los contratos obligatorios entre industrias y ganaderos rara vez se revisan en profundidad”, lamentan desde la organización. “Y cuando se producen abusos, las sanciones son escasas o inexistentes. Esta dejadez institucional está destruyendo el tejido ganadero en muchas zonas rurales”.
Unión de Uniones reclama que se refuercen los mecanismos de control y seguimiento, y que se otorgue mayor protagonismo al Observatorio de la Cadena Alimentaria, además de exigir a AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) que intensifique su labor inspectora, en particular con las grandes cadenas.
Detrás de una botella de leche barata en el supermercado hay una cadena de sacrificios invisibles: ganaderos que producen a pérdidas, explotaciones que desaparecen, pueblos que se vacían y una alimentación que pierde calidad y trazabilidad. Para Unión de Uniones, seguir ignorando esta realidad es hipotecar el futuro del campo español y de la soberanía alimentaria.
La organización llama a los consumidores a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones de compra y exige al Gobierno y a los organismos reguladores que dejen de mirar hacia otro lado y actúen de una vez por todas.
“La resolución de la CNMC no es sólo una decepción, es un golpe más al sector lácteo”, concluye Cortés. “Si no se garantiza una competencia justa y unas condiciones mínimas de sostenibilidad para los productores, el problema no es sólo económico: es social, es territorial y es político. Y cada día que pasa sin actuar, el precio a pagar será más alto”.
