La Unións Agrarias (UUAA) ha solicitado al Ministerio de Medio Rural la flexibilización temporal de la normativa que regula la producción ecológica, ante la imposibilidad de cumplir los requisitos que marca la legislación europea en materia de alimentación del ganado. La organización recuerda que los incendios forestales en Ourense y otras zonas de Galicia han provocado pérdidas totales en muchas explotaciones, tanto de forrajes como de superficies para la apicultura, dejando a los productores en una situación crítica.
Contexto de la petición
Durante las últimas semanas, una ola de incendios ha devastado miles de hectáreas en Galicia, especialmente en la provincia de Ourense. Como consecuencia, las explotaciones ganaderas han perdido la producción de forraje que garantiza la alimentación del ganado y las colmenas han quedado sin superficie disponible para las abejas. La magnitud de los daños ha obligado a la Consellería de Medio Rural a activar un dispositivo de emergencia destinado a asegurar el suministro inmediato de alimentos para los animales de las explotaciones afectadas.
En este escenario, los ganaderos ecológicos se encuentran en una encrucijada normativa. El Reglamento (UE) 2018/848, que regula la producción ecológica y el etiquetado de productos ecológicos, establece que al menos un 70 % de la alimentación del ganado debe proceder de la propia explotación. El resto debe provenir de otras unidades ecológicas o en conversión de la misma región, y los animales deben tener acceso regular a pastos. En el caso de la apicultura ecológica, la norma es aún más estricta: no se permite la alimentación artificial de las colonias.
Riesgos para las explotaciones ecológicas
Las explotaciones inscritas en el CRAEGA (Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia) atraviesan una situación de vulnerabilidad extrema. Al no poder cumplir los requisitos exigidos, se enfrentan a la pérdida de la certificación ecológica, lo que implica también incumplir con los compromisos de la Política Agraria Común (PAC) en materia agroambiental. Esto no solo afectaría a la comercialización de los productos ecológicos, sino también al acceso a subvenciones y ayudas comunitarias.
Desde UUAA se subraya que el propio Reglamento Europeo contempla la posibilidad de introducir excepciones en casos de catástrofes, precisamente para garantizar la continuidad o la reanudación de la actividad en explotaciones afectadas. La organización pide, por tanto, que se actúe con rapidez y se habiliten medidas excepcionales que permitan a los ganaderos mantener sus compromisos con el modelo de producción ecológica.
La urgencia de medidas excepcionales
El problema central es que la autosuficiencia alimentaria de las explotaciones ecológicas es inalcanzable en estos momentos. Sin forraje propio ni posibilidad de abastecerse de pienso ecológico en el mercado regional, los ganaderos carecen de alternativas reales para alimentar a sus animales dentro de los parámetros legales. La apicultura enfrenta un dilema similar, ya que la pérdida de flora en las zonas quemadas reduce drásticamente la capacidad de las colmenas de producir miel y mantener su supervivencia sin alimentación suplementaria.
Ante este panorama, UUAA pide al Ministerio de Medio Rural que se adopten medidas temporales de flexibilización, tales como permitir el uso de piensos no ecológicos en circunstancias controladas, garantizar el suministro de forraje a precios asequibles y establecer un régimen especial de alimentación para las colmenas afectadas.
Consecuencias económicas y sociales
La producción ecológica gallega se ha consolidado en los últimos años como un sector estratégico dentro de la agricultura y la ganadería de la región. Galicia cuenta con miles de explotaciones certificadas en el CRAEGA, que representan no solo una fuente de alimentos diferenciados, sino también un motor de empleo y desarrollo rural. La pérdida de la certificación ecológica por causas ajenas a los productores podría comprometer seriamente la supervivencia de muchas explotaciones familiares y generar un impacto económico negativo en comarcas ya afectadas por la despoblación.
Además, el incumplimiento forzado de la normativa ecológica tendría repercusiones en el mercado, puesto que los consumidores demandan productos con garantía de sostenibilidad y certificación oficial. La retirada de este sello limitaría la competitividad de los productores gallegos frente a otros territorios que sí mantengan intacta su capacidad productiva.
Conclusión
La petición de flexibilidad normativa para la producción orgánica tras los incendios en Galicia no es solo una cuestión administrativa, sino una medida de supervivencia para cientos de explotaciones ganaderas y apícolas. UUAA insiste en que la normativa europea prevé excepciones en casos de catástrofe, y que su aplicación inmediata permitiría preservar la certificación ecológica, garantizar la continuidad de la actividad productiva y proteger el tejido económico y social del medio rural gallego.
