El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha y Guillermo Sánchez Negrillo, presidente de la Plataforma de Regantes de la Cabecera del Segura, han explicado en rueda de prensa los dos expedientes administrativos, presentados por la Confederación Hidrográfica del Segura de solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada de dos proyectos de “Funcionamiento temporal de pozos de sequía en el Acuífero Mingogil-Villarones que extraen agua de Hellín””, cuyos promotores son varias comunidades de regantes de Murcia: Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Calasparra-Cieza, entre otros.
Morcillo ha explicado que los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental consisten en la puesta en explotación determinados pozos ubicados en el acuífero Mingogil-Villarones, ubicado en la masa de agua subterránea “Pliegues Jurásicos del Mundo”, en el término municipal de Hellín. Según ha explicado, con ambos proyectos se pretende que a través del vertido del agua bombeada al Río Mundo, estos recursos puedan ser consumidos por los usuarios del trasvase Tajo-Segura. “Se trata de un nuevo ataque perverso y dañino que discrimina a los regantes de Castilla-La Mancha”.
En este sentido, el secretario general de UPA en la región ha explicado la situación de las masas de agua cabecera, 10 en concreto, que afectan a unos 1.940 kilómetros de los 4.573 que en Albacete tiene de la Confederación Hidrográfica del Segura y que están declaradas en riesgo de mal estado cuantitativo, lo que significa limitaciones, restricciones y pérdida de derechos de nuestros regantes.
Por un lado, declara en riesgo las masas de agua de las que dependen en mayor medida los usos agrarios en la cabecera del Segura, imponiendo severas limitaciones a su aprovechamiento, y deja sin limitaciones las que resultan adecuadas para trasvasar agua hacia Murcia”, ha afirmado Julián Morcillo, “con lo que Albacete se convierte en la reserva estratégica de recursos de agua subterránea para Murcia”.
También es importante mencionar que la Confederación Hidrográfica del Segura ha realizado un fraccionamiento artificial de un mismo proyecto al remitir dos expedientes distintos al órgano ambiental. A través del primer proyecto se pretende extraer 7,46 hectómetros cúbicos anuales. A través del segundo 3,972 hectómetros cúbicos. Son dos proyectos gemelos, cuyo origen es el mismo acuífero y que se usarán para un mismo destino. En consecuencia, como han recordado Morcillo y Sánchez Negrillo, ambos proyectos deberían de haber sido objeto de un único expediente de evaluación ambiental.
Ambos proyectos implican la extracción del acuífero de más de 10 hectómetros cúbicos por lo que debería de tramitarse un procedimiento de evaluación ambiental ordinario. Al no haberse efectuado así, la puesta en explotación de los pozos de sequía referidos sería claramente ilegal, violando la normativa sobre evaluación ambiental. Además, no se ha formulado consulta alguna a las Comunidades de Regantes de la Cabecera del Segura, ni organizaciones agrarias. Con el agravante de que los proyectos no se han publicado “por lo que entendemos que se genera una posición de indefensión, ya que no hemos disfrutado del plazo de treinta días que reconoce la Ley a todas las personas interesadas para formular las correspondientes alegaciones en este trámite de consultas”.
Asimismo, Morcillo ha indicado que tras el episodio de lluvias torrenciales es innecesaria la puesta en explotación de los pozos de sequía incluidos en ambos proyectos. “Las memorias incorporadas a ambos expedientes resultan sesgadas e incompletas, ya que no se evalúan los impactos que en el ámbito local producirá la puesta en explotación de los pozos de sequía. Desde una perspectiva socioeconómica, hidrogeológica y ambiental” va a generar un conflicto importante.
Finalmente, tanto el secretario general de UPA Castilla-La Mancha como el presidente de la Plataforma de Regantes de la Cabecera del Segura han dicho que resulta difícil aceptar que se extraigan recursos subterráneos en un ámbito territorial que no tiene acceso a recursos externos (desalación y/o trasvase) a favor de otro ámbito territorial que sí cuenta con ellos. “En definitiva, el malestar social que genera el ámbito territorial donde se ubican los pozos de sequía es de tal magnitud que debiera haber tenido suficiente reflejo en la memoria ambiental de cada uno de los proyectos”.
Estos expedientes vulneran incluso la filosofía inicial del trasvase que era trasvasar agua sobrante de la cabecera del Tajo y que prohibía taxativamente la derivación de recursos subterráneos del Sur de la provincia de Albacete.