Los secretarios generales COAG y UPA, Miguel Blanco y Lorenzo Ramos, han afirmado que, si la Ley de Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias sale adelante, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, «estará cometiendo un pucherazo electoral». Los representantes de ambas organizaciones han acusado al Gobierno y al Ministerio de «no dar oportunidad al consenso y actuar con nocturnidad y alevosia» y de «pretender limitar las posibilidades de las organizaciones críticas e independientes y dar oportunidad a sus correligionarios políticos».
Blanco, después de mostrar su «rotundo rechazo a la ley en sus actuales términos», ha afirmado que si «esto sale adelante como se está proponiendo», la organización «acudirá al Tribunal Supremo» para plantear sus quejas. Para Blanco, el Ministerio lo plantea como una «mera consulta» -no como «elecciones»- para sortear la ley general electoral y las garantías que ésta ofrece, a pesar de que el proceso servirá para medir la representatividad de las organizaciones profesionales, conformar órganos de interlocución como el Consejo Agrario y repartir recursos públicos y el patrimonio de las OPAs.
En su opinión, al considerarse una «consulta» no se seguirá la ley general electoral, por lo que no se impondrán límites, ni condiciones al gasto electoral, ni auditorías, lo que podría beneficiar a organizaciones «con padrinazgo» político o económico. COAG ha remarcado que, según recoge el proyecto, sólo habrá una mesa electoral por provincia y alguna otra con el límite de 1.400 votantes por mesa, lo que para la organización dificultará la participación de los agricultores dispersos y podría «duplicarse de manera arbitraria» el número de los activos con derecho a voto. De unos 320.000 «profesionales» agrarios reales (personas físicas o jurídicas que cotizan a Seguridad Social agraria), el proyecto de ley podría ampliar el censo hasta 500.000-600.000 votantes, ya que el Ministerio pretende incluir a todos los que cobren más de 3.000 euros de la Política Agraria Común (PAC), ha añadido. Por tanto, podrían votar personas que no son agricultores realmente, incluso jubilados no activos, dueños de inmobiliarias, notarios, profesionales liberales y empresarios de otros sectores que reciban esas ayudas, aunque ya no produzcan.
Una delegación de COAG y UPA se reunió con diputados de todos los grupos políticos unas horas antes de que debatiese, la semana pasada, en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de representatividad de las organizaciones agrarias, entre las cuales hay propuestas para su devolución al Gobierno.
