UPA-UCE Extremadura ha alertado de la difícil situación que vive el sector vitivinícola en la región, asegurando que la implantación de la reforma de la PAC perjudicará especialmente a los viticultores al establecer «claros desequilibrios» entre unos productores y otros. Además, la puesta en marcha de la Ley de la Cadena alimentaria y sus repercusiones para el cultivo, también van a marcar la campaña de uva de este año.
Sobre la aplicación de la nueva Política Agraria Común, UPA-UCE Extremadura recuerda “hemos rechazado la reforma por ser especialmente injusta con los viticultores”. En este sentido, la secretaria del Vino denuncia que el sistema de pagos directos “genera más desigualdad, porque algunos agricultores cobrarán ayuda y otros no”.
En relación al desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria, la organización agraria ha presentado un modelo de contrato consensuado en la Interprofesional del Vino (OIVE) ya que es obligatorio en operaciones de más de 2.500 € firmar un contrato entre el sector industrial y el agricultor, con sanciones ante el incumplimiento del mismo para ambas partes. Por lo tanto, se ha pedido «que todos los agricultores exijan a la bodega que recoja la uva la firma de dicho contrato». Si esto no se cumple, UPA-UCE denunciará ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) las malas prácticas hacia los agricultores y ganaderos, por lo que pide la colaboración de agricultores y ganaderos para acabar con los abusos.
Además, desde UPA-UCE apuntan que se espera una campaña con una producción inferior (en torno a un 25-30% menos sobre datos del año anterior) y de buena calidad en la uva; y aunque las previsiones estiman precios “ruinosos”, habrá que esperar a la firma de los primeros contratos para comprobar si alcanza precios mínimos.
Junto a esto, la organización agraria ha denunciado públicamente el recorte por cuarto año consecutivo de los Presupuestos del Ministerio de Agricultura para 2016, que se mantiene en el 20%. «Pese a ser un sector que ha tirado del carro durante la crisis, el Gobierno de España nos vuelve a castigar con unas cuentas antirrurales, antiagricultura y antiganadería». Señalan que el recorte en los Presupuestos Generales afectará directamente a partidas «imprescindibles para el desarrollo del sector» como son la modernización de explotaciones, mejoras en los regadíos, a la incorporación de jóvenes agricultores, las políticas de sanidad, los seguros agrarios o losprogramas de investigación e innovación para el sector; lo que consolida otro año más la dejación de funciones y el abandono del mundo rural por parte del Estado.
