UPA-UCE Extremadura ha denunciado hoy que la Confederación Hidrográfica del Guadiana es el organismo que acumula más retrasos en la concesión de los pozos, llegando a quintuplicar el tiempo de espera con respecto a las actuaciones que se llevan a cabo en otras confederaciones.
“Las consecuencias de estos retrasos, como sanciones y paralizaciones de las ayudas, serán irreversibles para los agricultores y ganaderos por algo que depende de la propia administración y que no se está haciendo de manera correcta”, lamenta la responsable del vino de UPA-UCE, Catalina García.
Desde esta organización agraria destacan que los dilatados plazos de las concesiones en zonas como Tierra de Barros han cambiado los criterios del estado de la masa de agua, dando lugar a denegaciones de expedientes de hace más de diez años. Por tanto, y teniendo en cuenta que estos riegos son de apoyo, con pequeñas aportaciones de agua, eficaces y sostenibles, y que tienen como única finalidad el mantenimiento y la viabilidad económica de cultivos tan sociales como la vid y el olivar tradicional, UPA-UCE reclama la declaración de los mismos como cultivos sociales, siguiendo los criterios de uso del agua que marca la propia ley de aguas.
“A este problema se suma que, para poder cobrar las ayudas de la nueva PAC, será imprescindible acreditar de alguna manera las concesiones de agua para riego, siendo una condición indispensable a partir de enero de 2023”, apunta García. Desde esta organización agraria lamentan que durante este tiempo de espera se han producido cambios en las leyes y criterios medioambientales que harán que muchos expedientes se queden sin resolver.
UPA-UE Extremadura destaca que la mayoría de las explotaciones que se ven afectadas por estos retrasos son explotaciones familiares, que luchan cada día por sobrevivir, y que lo único que piden es un uso racional y social del agua en base a factores sociales y medioambientales.
Actuaciones
Para intentar resolver esta problemática situación, UPA-UCE Extremadura se reunió hace unos meses con el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, quien argumentó la “falta de medios humanos” y no mostró preocupación alguna por el grave problema que esto supone para los agricultores y ganaderos afectados. Las consejerías implicadas, por su parte, se muestran conscientes del problema pero el esfuerzo que han realizado no ha dado sus frutos ya que todo depende de dicha Confederación.
UPA ha pedido al Consejo Nacional del Agua que haga partícipe al Ministerio de la magnitud del problema. En Extremadura, UPA-UCE ha pedido una reunión a la consejera, Begoña García, y al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, para conseguir un compromiso serio porque “los agricultores y ganaderos extremeños no pueden pagar los retrasos que supone la regularización de sus pozos”.
