La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado de forma claramente positiva el anuncio del Gobierno sobre una nueva regularización de personas migrantes que ya residen en España, una medida que, a juicio de la organización agraria, resulta clave para garantizar la continuidad de la actividad productiva en el campo y afrontar uno de los principales problemas estructurales del sector: la falta de mano de obra.
Desde UPA sostienen que la agricultura y la ganadería españolas atraviesan desde hace años una creciente dificultad para cubrir los puestos de trabajo necesarios durante las campañas agrícolas y en el cuidado diario de las explotaciones. Por ello, consideran que facilitar la integración legal y laboral de la población migrante no solo es una cuestión de justicia social, sino también una necesidad económica y demográfica para el medio rural.
“Necesitamos mano de obra para llevar a buen término nuestras cosechas y cuidar a nuestros animales. Los pueblos necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes”, han señalado desde la organización, subrayando que la regularización permitirá transformar situaciones de precariedad o informalidad en empleos estables, con garantías y protección social.
Postura de UPA
UPA ha manifestado su postura a la espera de conocer los detalles concretos del acuerdo avanzado recientemente entre el Partido Socialista y Podemos, que contempla nuevas vías de regularización para personas extranjeras que ya viven y trabajan en España. Aun así, la organización agraria ha querido dejar claro que cualquier medida que facilite la normalización administrativa y laboral de estos trabajadores será bienvenida por el sector primario.
Según explican, buena parte de la actividad agrícola y ganadera depende actualmente de trabajadores migrantes, especialmente en producciones intensivas y estacionales como frutas, hortalizas, viñedo, olivar o ganadería. En muchas zonas, advierten, sin su aportación sería imposible recoger las cosechas en tiempo y forma o mantener el funcionamiento diario de las explotaciones.
“La realidad del campo español es que cada año cuesta más encontrar personas dispuestas a trabajar en determinadas labores agrícolas, que son duras, requieren esfuerzo físico y, en muchos casos, se desarrollan en entornos rurales con pocos servicios. La población local envejece y los jóvenes se marchan a las ciudades. Si no contamos con trabajadores migrantes, muchas explotaciones simplemente no podrían seguir adelante”, explican desde UPA.
La organización insiste en que la regularización no debe verse únicamente como una respuesta coyuntural a la falta de mano de obra, sino como una apuesta estratégica por la cohesión social y el desarrollo territorial. En este sentido, consideran que integrar plenamente a las personas migrantes en el medio rural contribuirá a frenar la despoblación, revitalizar los pueblos y mantener servicios básicos como escuelas, centros de salud o comercios.
“El objetivo debe ser la integración total en nuestra sociedad”, recalcan. Para UPA, eso implica garantizar derechos laborales, acceso a la sanidad, educación, vivienda y protección social, pero también exigir deberes y responsabilidades como a cualquier otro trabajador. “Solo así se construye una convivencia real y duradera”, añaden.
Desde la organización agraria subrayan que la regularización permitirá a miles de personas acceder a contratos legales, cotizar a la Seguridad Social y mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, destacan que esta incorporación al mercado laboral formal tendrá un impacto positivo para el conjunto de la economía, ya que contribuirá a sostener el sistema público de pensiones y el Estado del Bienestar.
“Estas personas no solo vienen a trabajar, vienen a vivir, a formar familias, a pagar impuestos y a aportar juventud y energía a territorios muy envejecidos. Son una oportunidad para el presente y para el futuro del medio rural”, sostienen.
UPA recuerda que la falta de trabajadores es una de las principales reivindicaciones del actual proceso de movilizaciones agrarias que se está desarrollando en distintos puntos del país y que tendrá uno de sus momentos más destacados el próximo 29 de enero. Entre las demandas del sector no solo figuran cuestiones relacionadas con precios, costes o ayudas, sino también medidas estructurales para asegurar la disponibilidad de mano de obra.
La organización denuncia que, en numerosas campañas, los agricultores se ven obligados a dejar parte de la producción sin recolectar por no disponer de personal suficiente. Esta situación genera importantes pérdidas económicas y reduce la competitividad del sector frente a otros países productores.
“Es frustrante ver cómo se pierde fruta o verdura en el campo por no tener gente que la recoja, mientras hay personas migrantes que quieren trabajar y no pueden hacerlo con normalidad por problemas administrativos”, lamentan.
Por ello, UPA lleva años defendiendo cambios en la normativa de extranjería que faciliten la contratación y regularización de trabajadores extranjeros. En este sentido, la organización ya valoró positivamente la publicación del nuevo Reglamento de Extranjería, que introduce mejoras para simplificar trámites y favorecer la inserción laboral de quienes ya residen en España.
A su juicio, esta normativa puede tener un impacto especialmente relevante en el medio rural, donde la demanda de empleo es constante y donde la incorporación de población joven resulta fundamental para garantizar el relevo generacional y la continuidad de las explotaciones.
No obstante, UPA advierte de que la regularización debe ir acompañada de políticas activas de acompañamiento e integración. Entre ellas, proponen reforzar la formación laboral, el aprendizaje del idioma, el acceso a vivienda digna y la mediación social, para evitar situaciones de exclusión o conflicto.
Asimismo, la organización reclama que se combata la economía sumergida y se persigan las prácticas abusivas, ya que consideran que la precariedad laboral perjudica tanto a los trabajadores migrantes como a los propios agricultores que cumplen con la legalidad. “La competencia desleal basada en la explotación de personas no tiene cabida en el campo español”, remarcan.
UPA defiende un modelo de agricultura socialmente responsable, donde el empleo sea digno y estable, y donde todas las personas, independientemente de su origen, tengan las mismas oportunidades y obligaciones. En este marco, la regularización se presenta como una herramienta para ordenar el mercado laboral y aportar seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores.
“La agricultura española necesita certezas, no parches. Necesita saber que contará con trabajadores suficientes y que estos podrán desarrollar su actividad con normalidad, sin miedo a sanciones o a situaciones irregulares”, concluyen.
En definitiva, la organización agraria considera que la regularización de personas migrantes es una medida imprescindible para garantizar la sostenibilidad económica, social y demográfica del medio rural. Lejos de plantearlo como un problema, UPA lo define como una oportunidad para fortalecer el sector primario y construir pueblos más vivos, dinámicos e inclusivos.
“Son necesarias”, repiten desde la organización. “Necesarias para recoger nuestras cosechas, para cuidar nuestros animales, para mantener vivos nuestros pueblos y para asegurar el futuro del campo español”.
