La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha lanzado un contundente mensaje desde el Congreso de los Diputados: la agricultura familiar debe tener voz y voto en la gestión del agua en España. En el marco de la jornada “Por el Cambio en la Gobernanza y Participación Social de la Gestión del Agua”, celebrada el 21 de marzo de 2025 —en vísperas del Día Mundial del Agua— y organizada junto a Verdes Equo y Sumar, UPA ha propuesto una reforma legislativa de calado para corregir lo que consideran un “déficit democrático” en la toma de decisiones sobre el uso del recurso hídrico más esencial: el agua.
El agua: elemento vital para la agricultura familiar
Según datos del Ministerio de Agricultura, España cuenta con la mayor superficie de regadío de Europa, con más de 3,8 millones de hectáreas, lo que supone un 22,6% de la superficie agraria cultivada. Sin embargo, esa proporción genera el 65% de la Producción Final Agraria (PFA), lo que pone de manifiesto la importancia estratégica del regadío para el sistema agroalimentario español.
Además, el regadío multiplica por seis la productividad frente al secano, incrementa por cuatro la renta agraria y genera tres veces más empleo por hectárea. Por tanto, tal y como señalaron desde UPA, proteger el regadío equivale a garantizar la soberanía alimentaria del país.
La voz silenciada del campo en las decisiones hidráulicas
A pesar del peso que representa el sector agrario en el uso del agua, UPA denuncia que los agricultores y ganaderos familiares apenas tienen representación en los órganos de gestión hídrica, como las Confederaciones Hidrográficas. Estas entidades, dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, son responsables de la planificación, distribución y control de los recursos hídricos, pero —según denunció Cristóbal Cano, secretario general de UPA—, «los aires democráticos no han llegado a las Confederaciones Hidrográficas».
“El agua es nuestra materia prima más importante para producir alimentos. Nuestra voz debe ser escuchada”, subrayó Cano durante la jornada celebrada en el Congreso.
Propuesta legislativa con enfoque social y equitativo
En respuesta a esta exclusión, Verdes Equo promoverá junto a Sumar una iniciativa legislativa antes del verano de 2025 que persigue modificar diversos artículos del marco normativo actual con el objetivo de:
- Eliminar el “sesgo clasista” en la composición de los órganos de decisión del agua.
- Fomentar la participación de agricultores y ganaderos familiares en las políticas de gestión hídrica.
- Mejorar la coordinación entre las distintas administraciones públicas.
- Introducir criterios de equidad social y sostenibilidad en la distribución de recursos.
Esta propuesta también pretende alinearse con la futura Ley de Agricultura Familiar, en la que UPA confía para reforzar la posición del sector primario en los procesos de decisión estratégicos.
Nuevas herramientas: Bancos Públicos de Agua y Tierras
Además del impulso a la reforma legislativa, UPA propone la creación de Bancos Públicos de Agua y de Tierras, cuya finalidad sería:
- Facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrario.
- Garantizar el acceso al agua a explotaciones familiares que carecen de recursos suficientes.
- Establecer precios justos para el agua regenerada y desalada, haciendo viable su uso agrícola.
- Fomentar un sistema de redistribución hídrica más justo, especialmente en contextos de escasez.
En este sentido, UPA considera que el agua regenerada y la desalada deben formar parte del abanico de recursos disponibles para el regadío, pero a un precio asequible, que no penalice a los pequeños y medianos productores.
Agricultura familiar: esencial para el desarrollo rural y la sostenibilidad
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 78% de las explotaciones agrarias en España tienen carácter familiar, lo que equivale a más de 580.000 explotaciones, muchas de ellas en zonas rurales despobladas o en riesgo de despoblación.
En ese contexto, garantizar el acceso al agua para estas explotaciones significa proteger el tejido productivo, económico y social del medio rural, además de frenar el abandono de tierras, el envejecimiento poblacional y la desertificación.
Un reparto más justo del agua frente al cambio climático
España enfrenta desafíos crecientes en materia hídrica, especialmente con un aumento sostenido de los periodos de sequía y una demanda creciente del recurso por parte de todos los sectores. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los últimos cinco años han sido los más secos desde que hay registros, con un descenso medio del 17% en las precipitaciones respecto a la media histórica.
Esta situación se agrava con la presión urbana y turística en regiones como el Levante o Andalucía, donde el uso del agua no siempre prioriza la producción de alimentos, algo que UPA denuncia como insostenible y profundamente injusto.
Una jornada en el Congreso para hacer oír la voz del campo
La jornada del 21 de marzo contó con intervenciones clave como la de Mar González, coportavoz de Verdes Equo, quien defendió la necesidad de democratizar la gestión del agua con criterios ecológicos y sociales. También se presentaron testimonios audiovisuales y una galería de imágenes, destacando la transversalidad del tema y el respaldo institucional creciente.
📹 Puedes ver las declaraciones completas de Cristóbal Cano y Mar González en este vídeo oficial publicado por UPA.
Camino hacia un nuevo modelo de gobernanza hídrica
Para UPA, esta iniciativa no es un fin en sí mismo, sino el primer paso hacia un modelo más justo, eficiente y participativo en la gestión del agua. La organización agraria subraya que el reparto actual de los recursos hídricos beneficia de forma desproporcionada a grandes operadores agroindustriales y urbanísticos, dejando al margen a quienes realmente producen alimentos para la sociedad.
“Confiamos en que esta legislatura sea la que finalmente reconozca el valor estratégico de la agricultura familiar en la gobernanza del agua”, concluyeron desde la entidad.
Conclusión: más democracia para garantizar agua y futuro al campo
En definitiva, la jornada organizada por UPA, Verdes Equo y Sumar pone sobre la mesa una necesidad urgente y estructural: incluir a la agricultura familiar en las decisiones sobre el agua. Un paso imprescindible para garantizar la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos.
