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  • La COVID-19, las políticas y presupuestos de Castilla y León, España y Europa, así como la aplicación de la nueva Ley de la cadena marcarán el futuro inmediato del sector agrario de nuestra región a lo largo del 2021

UPA realiza un balance del año 2020 marcado por la COVID-19, puesto que la pandemia ha cambiado la vida de toda la sociedad castellanoleonesa, y por supuesto también la de los agricultores y ganaderos de esta región.

La organización agraria recuerda que cuando el coronavirus cambió todo a nivel mundial, en el mes de marzo, en Castilla y León estábamos inmersos en protestas unánimes que sacaron a miles de profesionales agrarios a las calles de las capitales y muchos municipios de la comunidad autónoma y del resto del país bajo el lema `Agricultores y Ganaderos Al Límite´ reclamando precios justos. Sin duda, hemos estado ante el mayor proceso de movilizaciones agrarias de la historia de España y de Castilla y León, logrando una modificación de la Ley de cadena alimentaria.

En este sentido, el sector agrario nuevamente ha vuelto a dar un ejemplo en este año 2020 demostrando lo altamente estratégico que es para una región como la nuestra. Se ha demostrado que la agroalimentación no solo es muy relevante por lo que aporta al PIB de Castilla y León, cerca del 10 %, sino porque se muestra esencial en momentos de crisis como los que llevamos viviendo desde hacer nueve meses.

UPA Castilla y León recuerda que en este año se ha hecho más importante que nunca el sentido de una frase emblemática como es el `no vale todo´. La agricultura y ganadería familiar que es el modelo que defiende UPA, ha demostrado que en cuanto a factores cualitativos tiene más que ofrecer que otros modelos agrarios, por su protección de los recursos naturales, su vertebración del territorio, las garantías que aporta a la seguridad alimentaria y muchas otras cuestiones en las que la agricultura y ganadería familiares son el máximo baluarte.

La cadena agroalimentaria ha seguido funcionando durante la pandemia con estabilidad, garantizando el suministro de alimentos para toda la sociedad, pero sin embargo se han seguido produciendo casos de abusos e incumplimientos de la ley de la cadena, sobre todo en lo relacionado con los precios pagados a los productores, en muchos casos por debajo de los costes de producción. 

El balance del año agrario en Castilla y León puede resumirse en que la agricultura y ganadería familiar siguieron trabajando durante este año  de forma modélica haciendo frente a una importante crisis de bajos precios y altos costes de producción, lo que ha afectado a la rentabilidad de prácticamente todos los sectores.

Los bajos precios generalizados han lastrado las buenas producciones en nuestra región. Y el problema de la cambiante climatología ha hecho patente una vez más la necesidad de mejorar el sistema de seguros agrarios para reducir los riesgos de producción.  

El debate sobre la PAC se ha iniciado conociendo las primeras  reglas de juego que entrarán en vigor en 2023, aunque nace lastrado por el Brexit y por las incertidumbres presupuestarias de la Unión Europea. Los acuerdos y desacuerdos comerciales han continuado perjudicando a la agricultura y ganadería familiar de Castilla y León, por los aranceles impuestos por EE.UU o los diversos acuerdos comerciales con terceros países.

De cara a esta nueva PAC la organización aboga por seguir manteniendo las  ayudas asociadas ligadas tanto a la agricultura como a la ganadería con mejoras respecto a los importes actuales para mantener a los sectores que más están sometidos a grandes riesgos e inestabilidades debido a la volatilidad y competencia de los mercados. También hemos exigido que los sectores ganaderos básicos sean  apoyados estableciendo un pago por cabeza de ganado, atendiendo especialmente a aquellas producciones que cuentan con escasa base territorial, como son el caso del ovino y caprino, vacuno de leche y vacuno de cebo.

A nivel general, UPA confía en que las expectativas para el 2021 sean más optimistas y mejoren respecto al 2020 en producciones y sobre todo a nivel de precios, puesto que de poco servirían mejores cosechas si no se traducen en mejores cotizaciones en origen y una justa rentabilidad en el sector primario. Sirva como ejemplo que de poco ha servido que la cosecha de cereal de Castilla y León haya sido la segunda mejor en los últimos 35 años con un valor económico de 1.300 millones de euros, si la rentabilidad para los principales protagonistas apenas ha existido.

En este sentido, la organización agraria ha trasladado tanto al Ministerio de Agricultura como a la Junta de Castilla y León la necesidad de que se persiga a quienes abusan dentro de la nueva Ley de cadena alimentaria y por lo tanto se sancionen las prácticas comerciales desleales.

Por otro lado, el año 2021 será clave para conocer qué ocurrirá con la política agraria comunitaria en los próximos años, puesto que la propia supervivencia del modelo familiar agrario, mayoritario en Castilla y León, está en juego si se reducen los pagos compensatorios. La sociedad debe saber que recortando la PAC no pierden los agricultores y ganaderos, sino que pierde toda la sociedad.   

UPA Castilla y León tiene claro que cuestiones como la la sostenibilidad de las producciones, el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad, y la adaptación al cambio climático continuarán cobrando cada día mayor relevancia. Los agricultores y ganaderos deberán seguir apostando por la investigación, la innovación y la digitalización para producir más con menos, siendo más sostenibles, para lo que es imprescindible asegurar una rentabilidad justa.

Las tendencias de consumo de alimentos parecen dirigirse a los alimentos de máxima calidad, con un reconocimiento garantizado como es el origen Castilla y León. El ciudadano, que seguirá consumiendo más en el hogar debido a la pandemia, seguirá incrementando el consumo de frutas y hortalizas, de carnes, legumbres y de lácteos, primando el factor calidad al de precio, una variable que, sin dejar de ser importante, no será la más relevante a la hora de configurar la cesta de la compra.

Al respecto, UPA confía en que el modelo familiar de producción de alimentos siga cobrando relevancia como el más adecuado para garantizar la salud de los ciudadanos y ciudadanas, porque es el que mejor garantiza un uso sostenible de los recursos, una producción variada y respetuosa con el medio ambiente y una distribución de la población equilibrada por el territorio, evitando el despoblamiento de las zonas rurales, algo que hoy cobra también especial relevancia en Castilla y León.

Finalmente, UPA espera que los efectos de la COVID-19 no sigan notándose en el campo. En este sentido, los sectores más dirigidos al canal Horeca  deberían ver resuelto el problema que tanto ha lastrado la economía del sector durante este año 2020, y por lo tanto deberían dejar de sufrir bajadas en sus ventas como ha ocurrido en vacuno, ovino y caprino (tanto lácteo como de carne) o el vino, entre otros.

laorganización agraria exige compromiso y responsabilidad a los responsables políticos y administraciones para que escuchen las reivindicaciones de  precios justos para agricultores y ganaderos, así como para que garanticen el cumplimiento de la normativa por parte de aquellos eslabones de la cadena alimentaria que se lo saltan, ya que la Ley no es una opción sino una obligación. 

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