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  • Todos los ganaderos afectados por el cártel de la leche pueden reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios por el importe equivalente al número de litros vendidos entre los años 2000 y 2013 multiplicado por 3 céntimos

UPA recomienda a los ganaderos de leche de Castilla y León que no lo demoren más tiempo, y si no lo han hecho aún, se pasen por las oficinas de nuestra organización en cualquiera de las provincias para tramitar la reclamación a las industrias lácteas sancionadas por los pactos ilegales de la leche que hicieron entre los años 2000 y 2013.

Recuerdan que  la CNMC multó a Corporación Alimentaria Peñasanta , Danone, Lactalis Iberia,  Industrias Lácteas Granada, Calidad Pascual, Nestlé España, Schreiber Food España, Gremio Industrias Lácteas de Cataluña, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Central Lechera Galicia.

La citada organización agraria está encabezando la defensa de los ganaderos de leche en Castilla y León, entre otros motivos porque fue la Opa que desenmascaró todo el entramado de las industrias lácteas, lo que condujo a la posterior sanción impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia el 11 de julio de 2019 contra ocho industrias lácteas y dos asociaciones a pagar 80,6 millones de euros en multas por `prácticas anticompetitivas´.

El departamento jurídico de UPA informa que la Comisión consideró que las industrias habían utilizado prácticas ilícitas “manipulando y tergiversando la realidad llegando a un acuerdo de reparto de productores e impidiendo que estos pudieran cambiar de industria, fijando precios y  manipulándolos”. Contra la resolución de la Comisión, las industrias presentaron un recurso contencioso-administrativo, y ahora estamos a la espera de sentencia definitiva de la Audiencia Nacional para que se resuelvan las demandas que se presenten por parte de los ganaderos,

UPA por su parte está defendiendo los legítimos derechos de los ganaderos de Castilla y León y de otras partes de España, y les estamos ofreciendo a los productores no pagar nada en todo el proceso judicial (gastos de procurador, poder notarial, gasto pericial), salvo que cobren  los ganaderos (porque podrían ganar y no cobrar). Según nuestros cálculos, los profesionales lácteos afectados podrían recuperar un 10 % de lo detraído entre el 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2013 por parte de las industrias lácteas.

En este sentido, los servicios jurídicos de UPA animan a que se intente recuperar a partir de demandas individuales ese alrededor del 10 % de la renta arrebatada, pues al depender de cada caso no se puede vehicular de forma colectiva. En este sentido, es importante que los ganaderos actúen y recordamos que pueden reclamar aunque ahora ya no tengan actividad e independientemente de con qué industrias de las sancionadas comercializasen.

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