Agronews Castilla y León

UPA reclama responsabilidad y sentido común a la Junta de Castilla y León para que lejos de precarizar los servicios médicos en el medio rural sea más eficaz y dote de todos los medios necesarios a los municipios rurales para responder a las necesidades de la población.

En unas fechas como las actuales, con presencia de más población en el medio rural, y en un contexto como el que estamos viviendo desde el mes de marzo con la Covid-19, no puede dejarse desamparados a los municipios del medio rural, y para ello es necesario tener los consultorios médicos abiertos y disponer de suficiente personal cualificado en los mismos para atender a los ciudadanos como se merecen.

La organización recuerda que las administraciones competentes no pueden ni ampararse en el déficit de profesionales cualificados para estar presentes en la mayor parte de municipios, ni en la prestación de servicios vía telemática o telefónica, ni en la posibilidad de desplazamiento físico a otros centros de referencia, porque esto sería eludir responsabilidades y precarizar servicios esenciales.  

UPA reclama al gobierno autonómico que no juegue con la desprotección de las personas en unos servicios que deberían ser modélicos. En este sentido, no puede consumarse la implantación de ningún modelo sanitario  que conlleve cierres de consultorios, y por eso ahora más que nunca es exigible altura de miras y máxima responsabilidad.

Para UPA en un tema de tanto calado social como es el de la sanidad en ningún caso deberían utilizarse argumentos meramente economicistas que condenen la calidad de vida en los pueblos. En este sentido, el presupuesto público destinado a temas sanitarios y asistenciales debe tener en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también los sociales y de equilibrio territorial.

Recordamos que la estructura poblacional en el medio rural castellano y leonés, con un envejecimiento creciente en todo su territorio, debe ser atendida sin discriminaciones para que cumpla con el principio de igualdad como derecho constitucional, y todo lo que sea recortar el gasto social, mediante la reducción de las prestaciones supone poner en riesgo el Estado del Bienestar.

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