José Ignacio Falces Yoldi - Agronews CyL

Ha sido un proceso largo, se inicio en el 2000 y parece que ahora está dando el paso definitivo para su cierre. Hoy, 12 de diciembre, la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León, en voz de su secretario general, Aurelio González, ha anunciado el inicio de una reclamación judicial con la que se pretende lograr una compensación de las industrias lácteas a los daños causados al sector por el acuerdo de precios denunciado, desde la citada organización agraria, y que provocó una primera resolución de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia fijando una sanción, en 2015, de 88 millones de euros y que, tras los distintos recursos, se redujo a 80 millones, en julio de 2019, al ya haber prescrito algunas de las operaciones comerciales entre industrias y ganaderos.

“Según los cálculos que hemos realizado, señala González, el sector habría perdido más de 680 millones de euros desde el momento que se denunció este acuerdo de fijación de precios. Algo que no era nuevo, que ya se denunció en 1992, o en 1997, algo que se denunció en su momento provocando una sanción de la Audiencia Nacional en 2002 de más de 7 millones de euros”. El responsable sindical quiso destacar que el inicio de esta denuncia en el 2000 partió de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León así como desde la propia entidad regional que se dedica al control de la competencia.

Desde UPA se ha querido destacar que desde el año 2000 al año en curso en número de ganaderos dedicado al vacuno de leche ha pasado de los 6.659 a los poco más de 1.200 actuales, de tal forma que entre 2000 y 2013 han abandonado la actividad 300 ganaderos al año mientras que desde ese año al actual, 2019, el ritmo de cierres ha sido de 180 anuales.

UPA calcula en más de 680 millones de euros el perjuicio que generó al sector el acuerdo de fijación de precios de las industrias lácteas que ha sancionado la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia recientemente.

Félix Porto, responsable de los servicios jurídicos de Unions Agrarias, quiso destacar que “nuestra organización agraria es la única que se persona en todo este proceso criticando tanto que se fijasen precios como que los ganaderos no tuviesen la posibilidad de cambiar de industria a la que entregar su leche”

“Tenemos un año, desde la resolución de julio de 2019, para presentar las correspondientes demandas que tenemos que realizar sobre la base de un informe pericial que demuestre el daño provocado por ese acuerdo sobre el precio de la leche”

Preguntado sobre la cuantía que podría recuperar el ganadero, Porto ha sido prudente destacando que “en anteriores reclamaciones similares se ha vivido una compensación del 10% de lo entregado, lo que hace que se hable de los famosos 3 céntimos por litros que ya se han publicado”

Señalan, finalmente, desde UPA que todos los ganaderos con entregas en ese periodo, aunque ahora ya estén jubilados, pueden llevar a cabo esta reclamación mientras que aseguran que se van a mantener vigilantes para evitar que tanto la multa como las hipotéticas reclamaciones se puedan revertir, posterioremente, al precio que cobran los ganaderos bajándolos.

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