En un momento en el que el consumidor paga precios muy altos por la fresa, el observatorio de precios de la Junta de Andalucía arroja datos de caídas de precios desde finales de enero en los precios que se pagan a los agricultores. ¿Quién se queda con el dinero?, se preguntan desde UPA Huelva.
El observatorio de precios de la Junta de Andalucía viene reflejando una caída en el precio de la fresa en origen desde principios de febrero. Desde la semana 5 (30/01/23 al 5/02/23) con 3,02€/kg pagado al agricultor hasta el último dato existente, correspondiente a la semana 8 (20/02/23 al 26/02/23) con 2,43 €/kg pagados de media, el kilo de fresa ha caído de media casi 60 céntimos de Euro.
UPA Huelva ha podido comprobar que los consumidores están pagando entre 6 y 8€/kg de fresa en los lineales de los supermercados en distintos puntos de la geografía nacional, esto supone un 229,2% de incremento de media sobre el precio que recibe el agricultor declarado en el observatorio de precios. Con esto la organización lanza una pregunta que lleva formulando desde hace varias campañas ¿Quién se queda con esta diferencia?, reiteran.
La organización agraria quiere hacer especial mención a que la cadena de valor que recorre la fresa desde origen a destino no tiene un recorrido excesivamente complicado. En el caso por ejemplo de la fresa que va a supermercados del mercado interior nacional, esta va del campo a la cooperativa o almacén y de ahí (con porte pagado por los mismos agricultores) a la puerta de la gran superficie que compra y que la pone a disposición de los consumidores. Es decir, es el agricultor a través de su almacén o cooperativa el que asume la mayoría de los gastos y le pone el producto en la puerta a quién luego se lo vende al consumidor final.
Así pues, en un momento en el que existe un debate nacional sobre el IPC y la inflación y los precios en origen y destino, UPA Huelva quiere dejar claro que en un momento en el que los precios son muy altos para el consumidor, el agricultor sigue sin tener unos precios justos y sigue con la incertidumbre sobre si la subida de sus costes de producción podrá ser repercutida en los precios que recibirá por la fresa.
Por otra parte, la organización argumenta que aclarar este misterio pasa por fijar la atención en el incremento de precios en destino y por los intermediarios que tiene la cadena en alguno de sus eslabones y que especulan con el precio, arriesgando muy poco y obteniendo como consecuencia un alto beneficio. UPA Huelva sostiene que son estos intermediarios los que están contribuyendo a la subida de precios que pagan los consumidores y, como consecuencia, contribuyen a la subida del IPC y la inflación.
La organización también quiere dejar claro que, más allá de las medidas que se están proponiendo, es una obligación de las administraciones competentes el velar por el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, asegurando que los agricultores reciben un precio que cubra sus costes de producción de forma continua durante toda la campaña, aspecto que viene incumpliéndose de forma sistemática en la campaña de la fresa desde hace ya demasiado tiempo.
Con un debate social tan importante como el que se está produciendo en materia de precios y con la presión a la que están sometidos los agricultores, la organización reclama campañas de inspección específicas por parte de las administraciones y máximas sanciones a quién o quiénes incúmplanla Ley de Cadena Alimentaria.
UPA Huelva no entiende como una cadena de valor de fácil análisis como es la de la fresa, no está siendo sometida a inspección por aquellas administraciones autonómicas y estatales que tienen competencia en velar por el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. La organización reclama que al igual que se realiza un esfuerzo en inspecciones de trabajo o pesajes que atiende el sector a diario, también deberían realizarse inspecciones para sancionar a aquellos agentes que someten a presiones en materia de precios a los empresarios agrícolas y que se vienen produciendo de forma reiterada desde hace ya demasiadas campañas poniendo en jaque la rentabilidad de las explotaciones.
Esto ayudaría no solo a solucionar el misterio sobre quién se queda el dinero, sino también pondría soluciones a quién incumple la ley de forma sistemática, al a vez que generaría un mercado más justo tanto para los agricultores como para los consumidores.
