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  • La organización exige el cumplimiento de la Ley de cadena alimentaria en el sector del vino y reclama a las bodegas que frenen el hundimiento de los precios

UPA denuncia los precios ruinosos que podrían percibir los viticultores de Castilla y León en una campaña tan problemática como la actual, donde debido a la pandemia de la COVID-19 los productores están siendo los principales perjudicados.  

La organización considera una temeridad que desde el Gobierno regional se hable de una buena vendimia en términos generales en Castilla y León cuando los precios que están percibiendo los productores, por ejemplo en una denominación emblema como es Rueda, oscila entre los 0,18 y 0,23 euros/kilo frente a la media de 0,70 de la campaña pasada, y las uvas fuera de DO apenas se pagan a 0,11 euros/kilo.

En otras denominaciones de origen importantes de la región el precio que podrían percibir los productores sería incluso un 50 % inferior a los del año pasado, por lo que hacen un llamamiento a las bodegas para que frenen el hundimiento de los precios  y la vendimia 2020 no se convierta en una de las más ruinosas de la historia.

UPA recuerda que con estos precios en muchos casos injustificados no se estaría cumpliendo la Ley de cadena alimentaria, por lo que estaríamos ante prácticas inmorales e ilegales a la que se ven sometidos los propios viticultores por parte de determinadas bodegas, por lo que recordamos a las administraciones que tomen buena nota de lo que ocurre y actúen en consonancia.

Además, la organización urge a la AICA a que se ponga a trabajar en el sector y haga controles para verificar que se está cumpliendo la Ley. UPA reclama a la Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura que destinen fondos específicos para salvar al sector del vino en una región como la nuestra por la crisis que atraviesa. Países competidores de España, con vinos de calidad como Francia o Italia, ya lo han hecho, por lo que urge evitar que se produzca una situación de competencia desleal.

UPA Castilla y León recuerda que la normativa europea permite destinar hasta 7.000 euros por agricultor para ayudar a los afectados por la crisis de la COVID-19, utilizando fondos de desarrollo rural no gastados.

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