La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha alzado la voz contra la Junta de Castilla y León, denunciando una decisión que califican de injustificable y perjudicial para los agricultores de la región. La problemática surge de la denegación de ayudas destinadas a explotaciones agrícolas de regadío, específicamente a aquellas que utilizan aguas subterráneas con concesión legal. Este caso, según UPA, ejemplifica una mala praxis administrativa que ha dejado a numerosos agricultores sin acceso a subvenciones fundamentales para su sostenibilidad económica.
El impacto del conflicto en Ucrania en el sector agrario
El conflicto bélico en Ucrania, iniciado en 2022, ha tenido un impacto devastador en el sector agrario europeo y especialmente en España. Uno de los efectos más destacados ha sido el incremento desmesurado de los costes de producción, incluyendo los de fertilizantes, gasóleo agrícola y productos fitosanitarios. Ante esta situación, las administraciones públicas implementaron medidas excepcionales, como una Orden de ayudas para cultivos de regadío, que contemplaba la concesión directa de 300 euros por hectárea cultivada.
Estas ayudas estaban destinadas a titulares de explotaciones agrícolas con cultivos como remolacha, patata y hortícolas de regadío, con un límite máximo subvencionable de 50 hectáreas por explotación. El objetivo era paliar los efectos del conflicto en Ucrania sobre los agricultores, quienes enfrentaban una tormenta perfecta de incremento de costes y reducción de márgenes.
Agricultores con regadíos legales, excluidos por errores administrativos
UPA denuncia que numerosos agricultores de Castilla y León han sido excluidos de estas ayudas por una decisión que consideran “incongruente e irresponsable” por parte de la Junta de Castilla y León. A pesar de tener regadíos en regla y cumplir con toda la normativa, muchos agricultores se vieron obligados a declarar sus parcelas como de secano en la Política Agraria Común (PAC) debido a la falta de un mecanismo ágil por parte de la Administración regional para adaptar la superficie de riego en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) a las condiciones de cada campaña.
Según UPA, este problema administrativo podría haberse resuelto fácilmente mediante un cotejo de datos entre la Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que dispone de las declaraciones anuales de las CUAS (Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas) para riego parcelario. Sin embargo, la falta de coordinación entre estas entidades ha desembocado en una situación que UPA califica de “lamentable e incomprensible”.
Las CUAS y el esfuerzo de los agricultores
Uno de los puntos clave de la denuncia de UPA es el esfuerzo que han realizado los agricultores para conformar las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS). Estas entidades, impulsadas por las propias administraciones, han sido fundamentales para mejorar la gestión del uso de aguas subterráneas en la región. Sin embargo, en lugar de recibir un reconocimiento por su esfuerzo, los agricultores se encuentran ahora “penalizados” por una actuación administrativa que UPA considera incompetente.
La vía legal y la denuncia como último recurso
Ante la denegación de las ayudas, UPA considera “inconcebible” que los agricultores afectados se vean obligados a recurrir a la vía legal y al recurso contencioso-administrativo para defender su derecho a recibir las subvenciones. Este proceso, además de ser costoso, supone una carga adicional para unos agricultores que ya enfrentan serias dificultades económicas.
Datos concretos del impacto de las ayudas
- Ayuda por hectárea: 300 euros.
- Superficie máxima subvencionable: 50 hectáreas por explotación.
- Agricultores afectados: Cientos en Castilla y León, según estimaciones de UPA.
- Cultivos incluidos: Remolacha, patata y hortícolas de regadío.
UPA exige soluciones inmediatas
Desde UPA exigen una solución inmediata por parte de la Junta de Castilla y León para corregir esta situación. Entre las propuestas destacan:
- Revisión de los expedientes denegados.
- Coordinación entre la Junta y la CHD para verificar las concesiones de agua subterránea.
- Adaptación del Sigpac para reflejar de manera más ágil las condiciones reales de los cultivos en cada campaña.
“Es inadmisible que los agricultores que han cumplido con la normativa vigente se vean desprotegidos por errores de la Administración”, señalan desde UPA. La organización agraria advierte que, de no solucionarse este problema, se podrían perder millones de euros en ayudas fundamentales para la supervivencia del sector.
Conclusión
El caso de las ayudas denegadas a explotaciones agrícolas regadas con aguas subterráneas en Castilla y León pone de manifiesto la importancia de una gestión administrativa eficaz y coordinada. En un contexto marcado por la crisis económica derivada del conflicto en Ucrania, resulta imprescindible garantizar que los recursos destinados al sector agrario lleguen a quienes realmente los necesitan.
