La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León (UPA CyL) ha solicitado a la Junta que intensifique la presión institucional ante el Gobierno central y las autoridades europeas para autorizar de forma excepcional el uso del fungicida UNIVOQ en la campaña remolachera de 2026. Según la organización, se trata del único producto que ha demostrado eficacia real frente a la cercospora, la enfermedad fúngica más dañina para este cultivo y que puede provocar la pérdida total de la producción.
La petición ha sido trasladada formalmente a la Dirección General de Producción Agrícola de la Consejería de Agricultura, en un contexto que UPA califica de “máxima preocupación” por el riesgo creciente que supone esta patología para uno de los cultivos estratégicos de la comunidad. Castilla y León es una de las principales regiones productoras de remolacha azucarera en España, por lo que la evolución de la cercospora tiene implicaciones económicas y sociales de gran alcance.
Desde la organización agraria insisten en que la situación no admite demora. “Estamos ante la enfermedad más peligrosa para la remolacha, con evidencias claras de que otros fungicidas disponibles han dejado de ser efectivos debido a la aparición de resistencias”, advierten. En este sentido, señalan que ensayos y experiencias recientes en campo apuntan a que UNIVOQ es, en estos momentos, la única herramienta capaz de frenar la expansión del hongo con garantías.
UPA CyL recuerda que en 2025 ya se autorizó de forma excepcional el uso de este producto, una decisión que permitió controlar la enfermedad y evitar daños mayores en las explotaciones. Por ello, consideran imprescindible repetir esa medida en 2026, ante un escenario que, lejos de mejorar, presenta síntomas de agravamiento. “Si no se actúa con rapidez, el riesgo de que la cercospora arruine completamente las cosechas es muy elevado”, subrayan.
La cercospora es una enfermedad foliar causada por un hongo que afecta directamente a las hojas de la remolacha, reduciendo su capacidad fotosintética y, por tanto, el rendimiento del cultivo. En casos severos, puede provocar pérdidas de producción superiores al 50%, e incluso la destrucción total de la planta. Además, su propagación se ve favorecida por determinadas condiciones climáticas, como temperaturas suaves y alta humedad, factores que en los últimos años han sido frecuentes en varias zonas de Castilla y León.
Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la creciente resistencia del patógeno a los tratamientos convencionales. UPA CyL advierte de que el uso continuado de determinados fungicidas ha favorecido la aparición de cepas resistentes, reduciendo drásticamente la eficacia de estas soluciones. “Nos encontramos con que las herramientas disponibles ya no funcionan como antes, lo que deja a los agricultores prácticamente indefensos”, denuncian.
En este contexto, UNIVOQ se presenta como una alternativa viable y eficaz, al contar con materias activas diferentes que permiten combatir esas resistencias. La organización agraria defiende que su uso está avalado por criterios científicos y por la experiencia acumulada en campañas anteriores. Por ello, considera injustificado que no se permita su utilización en una situación de emergencia fitosanitaria.
UPA Castilla y León
UPA CyL ha pedido a la Junta que lidere una iniciativa a nivel nacional para solicitar a la Unión Europea la autorización de emergencia de este producto, tal y como ya han hecho otros países en situaciones similares. “Castilla y León, como región líder en producción de remolacha, debe encabezar esta reivindicación y defender los intereses de sus agricultores”, sostienen.
Además, la organización hace hincapié en que la autorización de UNIVOQ no solo tiene una dimensión productiva, sino también social y territorial. La remolacha es un cultivo clave para la economía de muchas zonas rurales, donde genera empleo, fija población y mantiene actividad industrial vinculada a la transformación azucarera. “Si este cultivo desaparece o se reduce drásticamente, el impacto en el medio rural será muy significativo”, advierten.
UPA CyL también apela al “sentido común” de las administraciones para no poner obstáculos a soluciones respaldadas por la ciencia. En este sentido, critican que la normativa europea en materia fitosanitaria, aunque orientada a garantizar la seguridad y la sostenibilidad, en ocasiones limita el acceso a herramientas eficaces sin ofrecer alternativas reales. “Cada vez tenemos más plagas y enfermedades, pero menos productos disponibles para combatirlas”, lamentan.
La organización defiende que el uso de UNIVOQ puede realizarse con todas las garantías de seguridad alimentaria y respeto medioambiental, siempre bajo los protocolos establecidos. Por ello, consideran que su autorización excepcional es compatible con los objetivos de sostenibilidad que marca la política agraria europea. “No estamos pidiendo barra libre, sino poder utilizar una herramienta concreta en una situación crítica”, aclaran.
Asimismo, UPA CyL subraya que el acceso a la innovación y a nuevas tecnologías en sanidad vegetal es fundamental para asegurar la viabilidad futura de la agricultura. En un contexto de cambio climático y de creciente presión de plagas, los agricultores necesitan soluciones eficaces y adaptadas a la realidad del campo. “No podemos quedarnos sin herramientas mientras los problemas aumentan”, insisten.
La petición trasladada a la Junta incluye también la necesidad de que el Ministerio de Agricultura actúe con rapidez y eleve la solicitud a las autoridades comunitarias. El procedimiento de autorización de emergencia permite, en circunstancias excepcionales, el uso temporal de productos no autorizados cuando existe un riesgo grave para la producción agrícola y no hay alternativas viables. UPA CyL considera que la situación de la cercospora en Castilla y León cumple claramente estos requisitos.
En definitiva, la organización agraria lanza un mensaje claro: sin una respuesta rápida y coordinada de las administraciones, el cultivo de la remolacha en Castilla y León podría enfrentarse a una campaña muy complicada, con consecuencias económicas importantes para cientos de explotaciones. “Necesitamos actuar ya para proteger nuestras cosechas y garantizar el futuro del sector”, concluyen.
Con esta reivindicación, UPA CyL busca abrir un debate sobre el equilibrio entre regulación, sostenibilidad e innovación en la agricultura, poniendo el foco en la necesidad de adaptar las políticas públicas a los desafíos reales que afronta el campo. Mientras tanto, los agricultores esperan una decisión que, en muchos casos, puede marcar la diferencia entre salvar o perder toda una campaña
