La excesiva parcelación de Galicia y el endurecimiento de los requisitos administrativos para el arrendamiento de tierras vuelven a situar a los agricultores gallegos en una posición de clara desventaja dentro de la Política Agraria Común (PAC). Unións Agrarias (UUAA) ha trasladado oficialmente a la Consellería de Medio Rural su preocupación por las nuevas limitaciones impuestas por el Ministerio de Agricultura para la transmisión de tierras entre particulares en régimen de arrendamiento, una cuestión que afecta de lleno a la viabilidad productiva de muchas explotaciones.
La organización agraria alerta de que el nuevo marco normativo, lejos de avanzar en la simplificación administrativa anunciada en repetidas ocasiones por la Administración, introduce nuevas obligaciones que incrementan la carga burocrática y generan inseguridad jurídica, especialmente en territorios como Galicia, donde la estructura de la propiedad agraria es extraordinariamente fragmentada.
Un cambio normativo con efectos directos sobre la PAC
La nota de prensa dice que hasta ahora la obligación de identificar al arrendador mediante su NIF en los contratos de arrendamiento solo era exigible en aquellos casos que afectaban a superficies superiores a una hectárea, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1048/2022. Esta exigencia se justificaba en la existencia de un registro autonómico de parcelas que permitía evitar fraudes en la percepción de las ayudas de la PAC, actuando como mecanismo de control alternativo.
Sin embargo, esta excepción fue eliminada en noviembre de 2025. El comunicado de prensa asegura que el cambio se introdujo a través del Real Decreto 1039/2025, de 19 de noviembre, que modifica el Real Decreto 251/2024, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones al sector agroalimentario y forestal dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027.
Con esta modificación, se generaliza la obligación de identificar al titular catastral de las parcelas arrendadas mediante su NIF en la declaración de la solicitud única de la PAC, eliminando las salvaguardas que hasta ahora tenían en cuenta la realidad territorial de comunidades como Galicia.
La estructura agraria gallega, en el punto de mira
Uno de los aspectos centrales del problema, según subraya Unións Agrarias, es la singular estructura de la propiedad de la tierra en Galicia. El comunicado de prensa asegura que el reparto de tierras en esta comunidad autónoma se caracteriza por una elevada atomización, con un gran número de pequeñas parcelas pertenecientes a múltiples propietarios.
A esta fragmentación se suma la existencia de herencias complejas no regularizadas, muchas de ellas vinculadas a procesos migratorios históricos. Numerosos titulares catastrales son herederos de familiares que emigraron a América hace décadas, lo que dificulta enormemente la localización, identificación y regularización administrativa de la titularidad de las parcelas.
En este contexto, la exigencia de consignar el NIF del titular catastral en cada parcela arrendada se convierte en una barrera casi insalvable para muchos productores, que dependen del arrendamiento informal o precario para completar la base territorial de sus explotaciones.
Desconfianza de los propietarios y contratos precarios
La nota de prensa dice que otro de los factores clave es la desconfianza de muchos propietarios a facilitar su NIF para que figure en la declaración PAC de terceros. En numerosos casos, las parcelas se ceden en condiciones precarias, sin contratos formalizados, con el único compromiso de que el agricultor mantenga la tierra en buen estado.
Este tipo de acuerdos, muy extendidos en el rural gallego, permiten a los propietarios evitar costes asociados al mantenimiento de las parcelas, especialmente los derivados del desbroce y del cumplimiento de la normativa de prevención y defensa contra incendios forestales. A cambio, los agricultores obtienen acceso a superficies indispensables para el desarrollo de su actividad productiva.
La introducción del requisito del NIF rompe este equilibrio informal, ya que muchos propietarios temen posibles implicaciones fiscales o administrativas derivadas de aparecer vinculados a una declaración PAC, aunque no perciban directamente ninguna ayuda.
Menos superficie declarada y menor capacidad productiva
Unións Agrarias advierte de que las consecuencias prácticas de esta modificación normativa serán inmediatas. El comunicado de prensa asegura que en la presente campaña se reducirá la superficie declarada en la solicitud única de la PAC, ya que muchos agricultores optarán por no incluir determinadas parcelas para evitar el riesgo de sanciones.
La imposibilidad de acreditar correctamente el NIF del titular catastral de todas las parcelas arrendadas puede derivar en penalizaciones económicas, lo que empuja a los productores a reducir artificialmente la dimensión declarada de sus explotaciones.
Esta reducción de superficie tendrá un impacto directo en la capacidad productiva de las explotaciones, tanto en términos de superficie forrajera como de superficie de cultivo. Menos tierra disponible implica menor producción y, en consecuencia, una reducción de los ingresos agrarios.
Pérdida de ayudas de la PAC y efecto económico en cadena
La nota de prensa subraya que la reducción de superficie declarada conllevará también una pérdida directa de ayudas de la PAC. En un contexto de márgenes cada vez más ajustados, el recorte de los pagos directos supone un golpe adicional a la rentabilidad de las explotaciones.
Esta pérdida de ingresos no solo afecta a los agricultores individuales, sino que tiene un efecto económico en cadena sobre el conjunto del medio rural gallego. Menor renta agraria implica menos inversión, menor consumo local y un debilitamiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Una contradicción con la anunciada simplificación administrativa
En su comunicado, Unións Agrarias denuncia que el nuevo requisito contradice frontalmente el discurso oficial de simplificación administrativa. Lejos de reducir trámites, la obligación de incluir el NIF del titular catastral añade una nueva capa de complejidad al proceso de solicitud de la PAC.
El comunicado de prensa asegura que este nuevo campo deberá cumplimentarse en cada línea de declaración correspondiente a superficies superiores a una hectárea, incrementando el tiempo necesario para completar las solicitudes y elevando el riesgo de errores administrativos.
Impacto sobre los tramitadores y los plazos de solicitud
El problema no afecta únicamente a los agricultores. Unións Agrarias advierte de que los propios tramitadores de las solicitudes PAC se verán obligados a dejar expedientes sin finalizar mientras los solicitantes intentan recabar la información necesaria sobre los NIF de los titulares catastrales.
Este cuello de botella administrativo provocará retrasos generalizados en el proceso de solicitud, dificultando la gestión tanto para los profesionales como para las autoridades competentes.
Riesgo para los controles y los pagos anticipados
El comunicado de prensa asegura que el retraso en la presentación y cierre de las solicitudes tendrá consecuencias adicionales. La reducción del plazo disponible para que las autoridades gestoras realicen los controles administrativos y sobre el terreno puede comprometer el normal desarrollo de la campaña.
Además, este retraso pone en riesgo el pago anticipado de las ayudas de la PAC a partir del 16 de octubre, un anticipo fundamental para la liquidez de muchas explotaciones ganaderas y agrícolas.
Una llamada a adaptar la PAC a la realidad territorial
En definitiva, Unións Agrarias reclama una adaptación de los requisitos administrativos de la PAC a la realidad territorial de Galicia. La organización considera imprescindible recuperar mecanismos de flexibilidad que tengan en cuenta la fragmentación de la propiedad, la complejidad de las herencias y las formas tradicionales de acceso a la tierra.
La nota de prensa concluye que, sin una simplificación real y efectiva, las nuevas exigencias burocráticas no solo no combatirán el fraude, sino que acabarán expulsando superficie productiva del sistema de ayudas, debilitando aún más a un sector ya sometido a fuertes presiones económicas y normativas.
