Los incendios forestales siguen golpeando con fuerza en distintas comunidades autónomas de España durante el verano de 2025. Según datos de Protección Civil, en la actualidad permanecen 12 fuegos activos, lo que mantiene en vilo a numerosas zonas rurales que ven cómo sus explotaciones, viviendas y medios de vida se reducen a cenizas. Frente a esta situación, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha manifestado que, aunque las ayudas planteadas por el Ministerio de Agricultura son un paso positivo, la realidad es que resultan insuficientes y no llegan de manera efectiva a los afectados.
La organización considera que el anuncio de estas medidas, expuestas recientemente en el Senado, es más simbólico que práctico, y que el acceso a las mismas está plagado de obstáculos burocráticos. En palabras de la organización, la declaración de zonas catastróficas beneficia sobre todo a los Ayuntamientos, pero no garantiza un alivio real para los productores agrarios que han perdido sus explotaciones.
Las ayudas llegan tarde y mal
Unión de Uniones subraya que una de las medidas anunciadas, como la exención del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), solo beneficia a los propietarios de tierras, pero no a los arrendatarios, que en muchos casos constituyen la mayoría de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Además, esta exención tendría efecto a partir del próximo ejercicio fiscal, es decir, en 2026, lo que dejaría en una posición de gran vulnerabilidad a quienes hoy necesitan recursos urgentes para garantizar la continuidad de su actividad.
El problema no es solo la tardanza de las ayudas, sino también la complejidad administrativa. La organización critica que la declaración de zonas afectadas como causa de fuerza mayor para seguir accediendo a la PAC implica una carga burocrática excesiva para los agricultores y ganaderos, que muchas veces desconocen cómo gestionar estos trámites y se ven atrapados en un proceso lento y frustrante.
La politización del problema
Desde Unión de Uniones se alerta de que la gestión de los incendios se ha politizado en exceso, lo que genera enfrentamientos entre administraciones en lugar de soluciones reales para los afectados. Luis Cortés, coordinador estatal de la organización, ha señalado que “es hora de ponerse a trabajar y no echarse la culpa los unos a los otros”, destacando que la prioridad debería ser la atención inmediata a las familias y explotaciones damnificadas.
La organización considera que la política debe estar al servicio de los problemas reales del campo, y no convertirse en un campo de batalla partidista mientras los agricultores pierden sus medios de vida. En este sentido, reclaman un mayor compromiso institucional para implementar medidas prácticas y rápidas, que puedan aliviar la situación en el corto plazo.
Propuestas para mejorar la prevención y respuesta
Lejos de limitarse a la crítica, Unión de Uniones ha puesto sobre la mesa varias propuestas constructivas para mejorar la gestión de los incendios y fortalecer la prevención:
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Fomento de asociaciones de defensa rural: promover a nivel estatal la constitución de agrupaciones formadas por agricultores y habitantes del medio rural, a quienes se les dé formación y capacidad legal para colaborar en las labores de extinción.
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Impulso de la ganadería extensiva: reconocer el papel del pastoreo dirigido como herramienta eficaz para la prevención de incendios, reduciendo la acumulación de biomasa en los montes.
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Revisión de algunos requisitos medioambientales de la PAC que, según la organización, resultan contradictorios con la conservación real del medio natural.
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Actualización de las leyes de gestión forestal, adaptándolas a las condiciones actuales de riesgo climático y a las nuevas necesidades de los territorios rurales.
Estas propuestas buscan no solo aliviar los efectos de los incendios actuales, sino también sentar las bases de una política forestal sostenible y preventiva que reduzca la magnitud de los fuegos en próximos veranos.
Un cambio tardío, pero necesario
La organización reconoce como un avance que el Gobierno haya incluido finalmente el pastoreo dirigido como medida oficial de prevención en el Real Decreto 716/2025, publicado en el BOE nº 208 del 29 de agosto de 2025. Sin embargo, también lamenta que esta decisión haya llegado tarde, tras un verano marcado por la devastación de amplias áreas del territorio nacional.
En palabras de Cortés: “Ha tenido que arder media España para que hayan publicado un RD que recoja esto, pero está claro que hay que sentar las bases. Si no se hace nada ahora, llegará el otoño, las lluvias, nos olvidaremos y el verano que viene estaremos igual o peor”.
Conclusión: un desafío pendiente para el mundo rural
Los incendios forestales se han convertido en un drama recurrente que cada verano arrasa hectáreas de montes, cultivos y pastos, comprometiendo la vida de comunidades enteras. Unión de Uniones insiste en que las ayudas deben ser rápidas, directas y efectivas, sin engorros administrativos que alejan a los damnificados de su objetivo. Asimismo, reclaman una visión a largo plazo que ponga en valor la actividad agraria y ganadera como parte esencial en la prevención de incendios y en la gestión sostenible del territorio.
El tiempo apremia, y las palabras deben traducirse en hechos. De lo contrario, España se enfrentará el próximo verano a un escenario similar o incluso más grave, en el que el campo, sus explotaciones y sus habitantes volverán a pagar el precio más alto.
