El sector vitivinícola español atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. La combinación de falta de relevo generacional, caída continuada de la demanda, incertidumbre sobre la futura PAC y medidas de crisis consideradas insuficientes está empujando a miles de viticultores al abandono definitivo de la actividad. En este contexto, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclama al Gobierno y a las instituciones comunitarias un cambio profundo en el enfoque del denominado Paquete Vino, con una petición clara: fondos extraordinarios para un arranque social del viñedo y mejoras reales en la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV).
El comunicado de prensa asegura que, tras asistir a la reunión sectorial convocada por el Ministerio, la organización agraria reconoce que el paquete presentado incluye medidas necesarias, pero no suficientes para dar respuesta a una crisis que, en muchas zonas productoras, ya no es coyuntural sino estructural.
Un sector atrapado entre la falta de rentabilidad y el abandono
La organización insiste en que no habrá relevo generacional sin rentabilidad. La realidad del viñedo español muestra un envejecimiento progresivo de los titulares de explotación, acompañado de una escasa incorporación de jóvenes, incapaces de asumir proyectos viables en un contexto de precios bajos, costes al alza y elevada carga administrativa.
El comunicado de prensa explica que esta falta de relevo está provocando un abandono silencioso pero constante de viñedos, especialmente en zonas con menor potencial productivo o más alejadas de los grandes mercados. Frente a este escenario, Unión de Uniones considera imprescindible ordenar el abandono, evitando tanto la degradación del territorio como la destrucción desordenada del potencial vitícola.
Arranque social del viñedo: una medida de crisis estructural
Uno de los ejes centrales de la reivindicación es la puesta en marcha de un arranque social del viñedo, dirigido específicamente a viticultores que abandonan definitivamente la actividad por falta de relevo generacional. La organización subraya que esta medida debe concebirse como una herramienta social y estructural, no como un simple mecanismo coyuntural de ajuste de mercado.
La nota de prensa dice que este arranque social no debe financiarse con el sobre nacional de la ISV, ya que ello implicaría detraer recursos de otras medidas esenciales para el sector. Además, la obligatoriedad futura de esta intervención sectorial no está garantizada, lo que añade un riesgo adicional a su utilización como fuente de financiación.
Por ello, Unión de Uniones reclama fondos europeos extraordinarios, específicamente diseñados para afrontar una crisis de largo recorrido, evitando trasladar el coste del ajuste a los propios viticultores activos.
Un procedimiento específico vinculado al abandono definitivo
El comunicado de prensa asegura que la organización defiende la creación de un procedimiento específico de arranque, directamente vinculado al abandono definitivo de la actividad. Este enfoque permitiría diferenciar claramente entre:
-
Medidas coyunturales de regulación de mercado.
-
Actuaciones estructurales orientadas a la reducción ordenada del potencial productivo en zonas sin relevo.
Según Unión de Uniones, esta diferenciación es clave para afrontar una crisis con raíces profundas, evitando soluciones temporales que solo retrasan los problemas.
Más de 202 millones de euros anuales que no deben perderse
Otro de los puntos críticos señalados en el comunicado es la gestión de la ficha financiera de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV). La nota de prensa recuerda que el sector dispone de más de 202 millones de euros anuales en cada campaña, pero denuncia que parte de estos fondos no se ejecutan y se pierden por falta de flexibilidad administrativa.
Unión de Uniones reclama:
-
Permitir el trasvase de fondos no utilizados de un ejercicio a otro.
-
Facilitar el movimiento de recursos entre distintas intervenciones dentro de la ISV.
El objetivo es claro: aprovechar plenamente los recursos disponibles y evitar que el dinero destinado al sector vitivinícola acabe sin ejecutarse mientras las explotaciones cierran.
Rentabilidad, condición imprescindible para el relevo generacional
La organización insiste en que cualquier política de relevo generacional será inútil si no se aborda previamente la rentabilidad de las explotaciones. Las medidas de crisis, según la nota de prensa, deben contar con una financiación clara, suficiente y garantizada, de forma que los recursos lleguen realmente a los viticultores y no se diluyan en trámites complejos o plazos inasumibles.
Entre las propuestas trasladadas al Ministerio, el comunicado menciona:
-
Simplificación de trámites administrativos.
-
Flexibilización de plazos en los procesos de reconversión.
-
Aumento de la intensidad de las ayudas para la vendimia en verde.
La organización considera que hay presupuesto suficiente para impulsar un sector estratégico para el país, siempre que exista voluntad política y una planificación realista junto al propio sector.
Rechazo a la renacionalización de la política vitivinícola
En pleno proceso de negociación del Marco Financiero Plurianual (MFP), Unión de Uniones muestra su oposición frontal a la renacionalización de las políticas vitivinícolas, una tendencia que, según la organización, subyace en diversas modificaciones reglamentarias actualmente sobre la mesa.
La nota de prensa asegura que relegar las medidas de la actual ISV a un simple apartado dentro de las ayudas a la renta financiadas desde el fondo general de la PAC sería un error estratégico. A juicio de la organización, esta decisión debilitaría la capacidad de respuesta del sector vitivinícola frente a crisis específicas y rompería el enfoque común europeo que ha caracterizado históricamente estas políticas.
Un escenario marcado por la incertidumbre y la caída de la demanda
El comunicado de prensa explica que el sector del vino se enfrenta a un contexto especialmente complejo, caracterizado por varios factores simultáneos:
-
Incertidumbre sobre la PAC 2028-2034.
-
Impacto de los acuerdos comerciales internacionales.
-
Carga burocrática creciente, que frena la inversión.
-
Riesgo de desaparición de explotaciones vitícolas.
-
Descenso continuado de la demanda, tanto en el consumo interno como en las exportaciones.
Este último elemento, la caída de la demanda, es señalado como uno de los factores más preocupantes, ya que afecta directamente a los precios y a la viabilidad económica de las explotaciones.
La voz del sector como eje de las soluciones
“Es importante que todas las medidas se planifiquen junto con el sector que está al día de todos los problemas que surgen”, señalan desde Unión de Uniones. La organización reclama una gobernanza real y participativa, en la que las decisiones no se adopten de forma unilateral, sino con conocimiento directo de la realidad productiva.
El comunicado concluye reafirmando que el viñedo y el vino son sectores estratégicos para el país, tanto desde el punto de vista económico como social y territorial, y que solo con medidas estructurales, financiación suficiente y visión a largo plazo será posible evitar un abandono irreversible del viñedo español.
