La Unión demanda que el Gobierno de Extremadura exija cambios en el Convenio de Albufeira para una gestión eficiente del agua compartida en el Guadiana
La gestión del agua compartida entre España y Portugal a través del río Guadiana ha generado tensiones significativas en los últimos años, especialmente en el contexto del Convenio de Albufeira, un acuerdo firmado entre ambos países en 1998. El principal objetivo de este convenio es regular el uso del agua de los ríos que cruzan las fronteras ibéricas. Sin embargo, la situación actual de los embalses en Extremadura ha evidenciado la necesidad de revisar y actualizar este acuerdo, ya que las circunstancias hidrológicas han cambiado considerablemente desde su firma.
El Convenio de Albufeira y su impacto en los embalses de Extramadura
El Convenio de Albufeira, firmado el 30 de noviembre de 1998, surgió como una solución a la gestión compartida del agua de varios ríos que fluyen entre España y Portugal. Este acuerdo pretendía asegurar un reparto equitativo de los recursos hídricos, salvaguardando los derechos de ambos países y garantizando un caudal ecológico mínimo en los ríos compartidos.
Sin embargo, con la construcción de la Presa de Alqueva en 2002, con una capacidad de 4.150 hectómetros cúbicos (hm³), la situación comenzó a complicarse. Desde sus inicios, este embalse ha mantenido un nivel de agua embalsada superior al 70% de su capacidad, lo que representa una media de más de 3.000 hm³ de agua acumulada. Mientras tanto, en Extremadura, los principales embalses del Guadiana, como La Serena, Cíjara, García Sola y Orellana, han estado a niveles alarmantemente bajos. En los últimos tres años, estos embalses apenas han superado el 30% de su capacidad.
Desigualdad en la gestión de los recursos hídricos
Uno de los aspectos más controvertidos del Convenio de Albufeira es la obligación de España de desembalsar agua de sus embalses, incluso cuando estos se encuentran en niveles críticos. Por ejemplo, en los últimos años, España ha tenido que liberar agua de embalses que apenas alcanzaban el 20% de su capacidad para cumplir con los compromisos del convenio y surtir a embalses en Portugal, como el de Alqueva, que estaba por encima del 70%.
Este desequilibrio en la gestión del agua ha generado críticas severas desde diversos sectores, particularmente en Extremadura. El hecho de que se esté desembalsando agua de pantanos españoles en niveles bajos para enviarla a embalses portugueses que ya están llenos plantea interrogantes sobre la racionalidad y la justicia de este acuerdo. Además, muchas voces han cuestionado el concepto de “caudal ecológico” que se menciona en el convenio. “No entendemos qué tiene de ecológico desembalsar agua de pantanos que apenas tienen volumen suficiente para evitar la descomposición del agua, y soltarla a pantanos que tienen que desembalsarla por exceso de capacidad”, señalan desde varias organizaciones locales.
Impacto en la agricultura y el desarrollo rural
La agricultura en Extremadura, una región clave para la producción agrícola de España, depende en gran medida del riego proveniente de los embalses del Guadiana. La escasez de agua en estos embalses ha puesto en peligro las cosechas, afectando negativamente la economía rural y el sustento de miles de agricultores. Mientras tanto, en Portugal, la disponibilidad de agua en el embalse de Alqueva ha permitido una expansión agrícola en la región del Alentejo, generando un desequilibrio entre ambos países.
La Unión de Agricultores de Extremadura ha expresado su preocupación ante esta situación, solicitando una revisión urgente del Convenio de Albufeira. “No podemos dejar a Portugal sin agua, pero tampoco podemos permitir que en España falte el agua necesaria para el riego mientras sobra en Portugal”, afirman desde la organización. Esta disparidad en el acceso al agua entre ambos países plantea la necesidad de una negociación más equitativa.
La reunión clave del 23 de octubre de 2024
El próximo 23 de octubre de 2024, los firmantes del Convenio de Albufeira se reunirán nuevamente para revisar y determinar el futuro uso del agua de los ríos compartidos. Extremadura ha señalado que en esta reunión debe priorizarse un uso más racional de los recursos hídricos. Las autoridades extremeñas han solicitado al Consejero de Mundo Rural, quien tiene competencias en este asunto, que exija a los negociadores del Ministerio de Transición Ecológica una modificación de los protocolos de uso del agua.
Entre las principales demandas de Extremadura se encuentran:
- Un reparto más equitativo del agua entre España y Portugal.
- La priorización de las necesidades de riego en España, especialmente en regiones como Extremadura, donde el sector agrícola es vital.
- La implementación de un sistema de gestión adaptado a las condiciones actuales de sequía y cambio climático.
- Garantizar que el concepto de caudal ecológico no se utilice de manera desproporcionada, perjudicando a los embalses en niveles críticos.
El reto de la cooperación transfronteriza
El agua es un recurso esencial que debe ser gestionado de manera responsable y equitativa, especialmente en contextos de cooperación transfronteriza. La relación entre España y Portugal en la gestión de los ríos compartidos ha sido, en general, positiva, pero la creciente demanda de agua debido al cambio climático y las sequías recurrentes exige una actualización de los acuerdos existentes.
El Convenio de Albufeira, en su forma actual, ya no refleja las necesidades y realidades de ambos países. Con embalses como el de Alqueva en niveles altos de agua y embalses en Extremadura en niveles críticos, es imperativo que ambos gobiernos trabajen juntos para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes sin sacrificar los intereses de ninguna de ellas.
Conclusión
La revisión del Convenio de Albufeira es un paso crucial para garantizar una gestión eficiente del agua en la península ibérica. Extremadura, como una de las regiones más afectadas por la escasez de agua, tiene un papel clave en la negociación de un nuevo acuerdo que equilibre las necesidades de ambos países. Con el encuentro del 23 de octubre de 2024, se espera que se establezcan nuevas bases para la gestión de los recursos hídricos, priorizando el uso racional del agua y asegurando que tanto España como Portugal puedan acceder a este recurso vital de manera justa y sostenible.
