La organización Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alzado la voz ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comisión Europea para reclamar un cambio profundo en la regulación que rige las importaciones de productos ecológicos en la Unión Europea. En un contexto de creciente presión sobre el sector primario y de incertidumbre para miles de explotaciones, la organización considera imprescindible garantizar que todos los productos ecológicos que se comercializan en el mercado comunitario cumplan exactamente las mismas normas, con independencia de su país de origen.
En sus observaciones a la propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2018/848 sobre producción ecológica, Unión de Uniones ha sido tajante al rechazar la prórroga automática del actual régimen de equivalencia aplicado a las importaciones procedentes de terceros países. A su juicio, mantener este sistema supone perpetuar una competencia desleal que perjudica gravemente a los productores europeos y pone en riesgo la credibilidad del modelo ecológico de la Unión.
“La agricultura ecológica europea se basa en normas de producción, control y trazabilidad especialmente exigentes, que implican un esfuerzo económico y técnico muy elevado para agricultores y ganaderos”, subraya la organización. Estas exigencias abarcan desde el uso restringido de insumos hasta controles periódicos, certificaciones rigurosas y sistemas de seguimiento que garantizan al consumidor que los productos ecológicos cumplen con altos estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal. Sin embargo, Unión de Uniones denuncia que este nivel de exigencia no siempre se aplica de manera equivalente a los productos importados, que pueden acceder al mercado comunitario bajo normas menos estrictas.
Núcleo de reivindicación de Unión de Uniones
El núcleo de la reivindicación de Unión de Uniones se centra en el rechazo al actual régimen de equivalencia, que permite que productos ecológicos de terceros países se comercialicen en la UE si cumplen normas consideradas “equivalentes” a las comunitarias, aunque no sean idénticas. Para la organización, esta situación genera un agravio comparativo inaceptable.
“La equivalencia no es igualdad”, insisten desde Unión de Uniones. A partir de 2027, cuando finaliza el periodo transitorio actualmente en vigor, la organización defiende que todos los productos ecológicos importados deban ajustarse plenamente a las normas de la Unión Europea y certificarse conforme al Reglamento (UE) 2018/848. Esto implicaría que los controles, requisitos y sistemas de certificación fueran exactamente los mismos que los exigidos a los productores europeos, sin excepciones ni atajos.
Mantener sistemas más laxos para las importaciones, advierten, supone una desventaja competitiva injustificada para quienes producen dentro de la UE. Los agricultores y ganaderos europeos asumen mayores costes de producción derivados de las exigencias normativas, mientras compiten en el mercado con productos importados que, en muchos casos, se producen a menor coste y con estándares menos rigurosos. Esta situación, señalan, presiona a la baja los precios en origen y compromete la viabilidad económica de las explotaciones ecológicas europeas.
Más allá del impacto económico, Unión de Uniones alerta del riesgo que esta situación supone para la confianza de los consumidores. El logotipo ecológico de la UE es uno de los principales activos del sector, ya que transmite una garantía de calidad, sostenibilidad y control. Si productos que no han sido producidos bajo las mismas reglas pueden utilizar ese sello, la credibilidad del sistema se ve seriamente amenazada.
“No puede permitirse que existan puertas de entrada con controles más permisivos ni que el logotipo ecológico de la UE se utilice en productos que no cumplen exactamente las mismas condiciones que se nos exigen a nosotros”, recalca la organización. En este sentido, reclama un refuerzo de los controles en frontera, auditorías más rigurosas a los organismos de certificación que operan en terceros países y una mayor transparencia sobre los incumplimientos detectados.
Unión de Uniones considera fundamental que la Comisión Europea y los Estados miembros dispongan de información clara y accesible sobre los fallos en los sistemas de control, así como sobre las sanciones aplicadas. Solo de este modo, argumentan, se podrá garantizar la integridad del mercado ecológico y proteger tanto a los productores como a los consumidores.
Junto a la defensa frente a las importaciones desleales, la organización agraria también ha aprovechado sus aportaciones al reglamento para reclamar una simplificación técnica de la normativa ecológica. Unión de Uniones reconoce que el marco regulador actual puede resultar complejo y difícil de aplicar, especialmente para pequeñas explotaciones y para aquellas situadas en zonas desfavorecidas o con limitaciones naturales.
No obstante, la organización subraya que esta simplificación debe basarse en criterios científicos y técnicos objetivos y no puede traducirse en una rebaja del nivel de exigencia del modelo ecológico europeo. El objetivo, explican, debe ser facilitar el cumplimiento de la normativa sin poner en riesgo los principios que sustentan la producción ecológica ni la confianza de los consumidores.
“La agricultura ecológica debe ser ambientalmente sostenible, pero también económicamente viable”, defienden desde Unión de Uniones. Por ello, reclaman que cualquier modificación normativa tenga en cuenta la realidad del sector y evite cargar a los productores con una burocracia innecesaria que dificulte su actividad diaria.
La denuncia de la competencia desleal derivada de las importaciones es uno de los ejes centrales de la movilización agraria convocada para el próximo 11 de febrero. Unión de Uniones ha confirmado que los productores ecológicos de la organización participarán activamente en la tractorada prevista para esa fecha, con el objetivo de exigir reglas claras y justas para todos.
“Proteger la agricultura ecológica europea no es una cuestión proteccionista”, insiste la organización. Se trata, afirman, de coherencia normativa, equidad económica y respeto al esfuerzo de miles de agricultores y ganaderos que cumplen a diario una normativa muy exigente para ofrecer a los consumidores productos de alta calidad y confianza.
Desde Unión de Uniones advierten de que, sin una respuesta firme por parte de las instituciones europeas, el riesgo es doble: por un lado, la pérdida de competitividad de las explotaciones ecológicas europeas; por otro, el descrédito de un modelo que ha sido construido durante décadas y que es clave para avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles.
La organización concluye que la Unión Europea no puede liderar la transición ecológica y, al mismo tiempo, permitir que el mercado se llene de productos que no cumplen las mismas reglas. “Si queremos una agricultura ecológica fuerte, creíble y con futuro, todos debemos jugar con las mismas cartas”, subrayan.
En este sentido, Unión de Uniones insta a la Comisión Europea a aprovechar la reforma del Reglamento (UE) 2018/848 para cerrar definitivamente las brechas normativas, reforzar los controles y garantizar una competencia leal. Solo así, concluyen, será posible proteger el modelo ecológico europeo, asegurar la rentabilidad de las explotaciones y mantener la confianza de los consumidores en un sello que representa mucho más que una forma de producir: una apuesta por el territorio, el medio ambiente y la calidad alimentaria.
