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La organización  valora sin embargo de forma positiva la mayor contundencia contra los delitos rurales.

La Unión de Uniones cree desproporcionado el tratamiento que dispensa el proyecto de reforma del Código Penal, que ha pasado al Senado tras su primera aprobación en el Congreso, en relación a los fines agrarios de material vegetal y semillas protegido por derechos de propiedad. El texto endurece las penas por el uso no autorizado de este material de 1 a 3 años de prisión y equiparando la posible condena a los agricultores que las usen exclusivamente en su explotación con el de las empresas que las comercialicen de forma masiva.

Una cuestión que la organización considera injusta y desequilibrada no sólo en relación al diferente perjuicio que se ocasiona al propietario de los derechos, “infinitamente” mayor en el caso de fines comerciales, sino que además, se ha de tener presente que tanto la normativa comunitaria (Reglamento 1768/95 de la Unión Europea) como la legislación española (Ley 3/2000 y Real Decreto 1261/2005) establece excepciones al derecho del obtentor de variedades vegetales para los productores agrarios.

La Unión de Uniones anuncia que insistirá en el trámite parlamentario y a los diferentes grupos en la necesidad de discriminar entre finalidad agraria y comercial, ya que de no hacerlo así se ocasiona una profunda injusticia perjudicando al eslabón más débil, en este caso, el agricultor.

 

Por otro lado, la organización reconoce positivamente la mayor severidad que la reforma establece contra los robos en las explotaciones agrarias. La Unión de Uniones confía en que ello pueda contribuir, con otras medidas de acompañamiento, a reducir la incidencia de este tipo de delitos pero no la considera suficiente para reducir el número de infracciones en el medio agrario.

Desde la organización apuntan a que la reforma del Código Penal debe fortalecerse con una mayor dotación de medios personales y materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en este tipo de delincuencia, la mejor coordinación de las administraciones implicadas, el control sobre la compra-venta de los materiales sustraídos y la intensificación de las medidas de empleo y el fortalecimiento de los servicios sociales en el medio rural. 

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