Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la confusión que se desprende de la nueva Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pide al Gobierno del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que rectifique inmediatamente para aclarar que si es posible efectuar quemas agrícolas.
Unión de Uniones destaca que esta ley se contradice en dos artículos muy diferentes al excluir de su ámbito en una de ellos la paja y los materiales naturales no peligrosos de origen agrario y forestal y, por otro, regulando cómo se deben eliminar y prohibiendo su quema con carácter general. Esta contradicción está provocando confusión y que haya zonas donde se traslada dicha prohibición a los agricultores y en otras se permiten las quemas habituales en esta época del año.
La organización apunta que la propia directiva marco de residuos y la guía de la Comisión Europea para su interpretación señala como material natural no peligroso y que, por lo tanto, deben quedar excluida de su regulación como residuos la paja de cereales y otros cultivos, la hierba cortada, la madera natural, recortes de madera, virutas y serrín de madera y otra biomasa.
Por otro lado, Unión de Uniones señala que estas prácticas de quema están ya perfectamente reguladas por la reglamentación de condicionalidad ambiental de la UE, así como por las normativas estatales y autonómica que la desarrollan. Igualmente, hay una exhaustiva regulación de estas prácticas en materia de incendios forestales. “No sabemos a cuento de qué viene ahora, para una cuestión que está perfectamente normalizada, meter en un lío a más de 900.000 explotaciones, a 12 millones de hectáreas de cultivos arables y a casi 5 hectáreas de permanentes y leñosos”, se cuestionan. La organización critica que se pueda pretender meter al sector en inversiones cuantiosas para gestionar el material vegetal como un residuo, cuando no lo es y cuando los agricultores y ganaderos no sería capaces de asumirlas en el actual escenario de crisis por el que atraviesan. “Es como si a algunos Ministerios, como el de Transición Ecológica, no se le acabasen nunca los clavos para poner en el ataúd del campo y con el Ministerio de Agricultura poniéndose siempre de perfil en estas cuestiones”.
Unión de Uniones va a realizar cuantas gestiones estén en su mano para que este error se rectifique y para anular la disposición. En todo caso pide al MITECO y Agricultura que dejen claro mediante una interpretación oficial que los restos de cultivo y de poda no pueden ser considerados residuos, sino material vegetal que se gestiona en la propia explotación. Asimismo, reclama de las Comunidades Autónomas que intervengan para asumir sus competencias en este asunto en idéntico sentido.
“No cabe en la cabeza de nadie tratar a un rastrojo o a un árbol como un residuo que es lo que permite interpretar esta normativa y por eso confiamos en una clarificación y rectificación. Lo triste es que una vez más se nos trata de imponer una norma emanada desde los despachos, sin tener en cuenta la realidad del campo que es muy dispar según comunidades autónomas y cultivos”, concluyen desde la organización.
