Unión de Uniones lamenta que los cambios en la PAC abran la puerta a los agricultores de sofá.

Agronews Castilla y León

19 de octubre de 2017

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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ante los cambios inmediatos de la PAC que entrarían en vigor en 2018, cree que la eliminación del condicionado de los pagos directos de la PAC de la exigencia de ser agricultor activo es un paso atrás de gigante en la política agraria.

La organización agraria considera que en la aplicación de la PAC en España la figura del agricultor activo está ya muy desdibujada, y que la supresión de esta condición para percibir los pagos directos iría en contra de los agricultores y ganaderos profesionales y aumentaría los actuales desequilibrios en el reparto de ayudas. Por este motivo pide al Ministerio que no haga uso de dicha posibilidad.

El pasado 16 de octubre de 2017, los estados miembros representados en el Comité Especial de Agricultura han refrendado el acuerdo sobre el llamado Reglamento «ómnibus». El Reglamento «ómnibus» modifica el Reglamento financiero por el que se rige la ejecución del presupuesto de la UE y otros quince actos legislativos sectoriales, en particular en el ámbito de la agricultura.

Las normas acordadas pretenden, según las autoridades comunitarias, simplificar la política agrícola común (PAC) mediante una serie de mejoras técnicas en los cuatro Reglamentos de la PAC: los relativos a los pagos directos, al desarrollo rural y a la organización común de los mercados agrícolas y el Reglamento horizontal.

Una de estas modificaciones es la que afecta a la figura del agricultor activo, que lejos de definirla con mayor firmeza, deja como opcional la diferenciación entre agricultores activos y agricultores no activos, de manera que los Estados miembros que la consideren como una carga administrativa excesiva podrán dejar de aplicarla.

Este hecho significa que cualquier país de la UE puede dejar de exigir que se deba ser agricultor activo para cobrar la PAC, lo que, además, podría tener también efecto sobre algunas ayudas al desarrollo rural que en los programas vigentes contemplan también dicha exigencia, aunque en este último caso la decisión estaría en manos de las Comunidades Autónomas.



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