Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha presentado en estos días sus conclusiones en el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el MITECO por inacción del Gobierno al no haber puesto en marcha el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío aprobado por Ley en 2020.
Unión de Uniones critica que el MITECO lleva incumpliendo su compromiso con los agricultores desde hace más de un año, con la complicidad del Ministerio de Agricultura. La organización critica las declaraciones de Luís Planas, recogidas recientemente por varios medios, según las cuales el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío no se situaría en el contexto actual. No solo no apoya medida” critican “sino que además pone palos en las ruedas”.
La organización recuerda que, gracias a la propuesta de enmienda presentada por Unión de Uniones que recogieron y apoyaron varios grupos parlamentarios, durante los debates presupuestarios de 2020 en las Cortes, quedó incorporada a la Ley en la Disposición final cuadragésima quinta la obligación del Gobierno de desarrollar reglamentariamente en 6 meses una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad.
“Ahora ya se están presentando los presupuestos de 2022 y los políticos se hinchan como pavos diciendo que son los más sociales de la historia cuando ni siquiera han cumplido los compromisos establecidos en la Ley en 2020”, critican con dureza desde Unión de Uniones.
Unión de Uniones ha presentado en estos días las conclusiones ante el Tribunal Supremo, tras la recepción del expediente del asunto remitido desde el MITECO. “Mucho no han trabajado en el MITECO en este asunto, porque en el expediente no constaba nada más que el requerimiento que presentó Unión de Uniones en julio de 2021” señalan. El Gobierno presentará también sus conclusiones a la vista de unas y otras el Tribunal decidirá.
Unión de Uniones considera que en la situación actual y siendo el sector agrario y, concretamente el regadío, es uno de los más afectados por el encarecimiento de la energía, la medida debería haber surgido a iniciativa del propio Gobierno y, sin embargo, “es una triste gracia que tengamos que reclamarle en los tribunales que desarrolle lo dispuesto la Ley”.
La organización confía en un pronunciamiento favorable a su demanda, que acabaría beneficiando los intereses de los agricultores.
