De cara al procedimiento abierto de presentación de enmiendas parciales a los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016, Unión de Uniones se ha reunido con el Grupo Popular en las Cortes regionales para presentarle sus propuestas de modificación a diversas partidas a su juicio infradotadas. El portavoz del Grupo, Francisco Cañizares, así como la Portavoz de la Comisión de Agricultura, Dolores Merino, presentes en la reunión, han acogido con interés las sugerencias de la organización, con el ánimo de estudiar su modulación en las que someterá a tramitación su Grupo. La organización ha estado representada por Jorge Rodríguez, Secretario General; José Modesto Lorenzo, Vicesecretario General y Pilar Merino, de su Comisión Ejecutiva.
El incremento de las partidas destinada a las medidas agroambientales hasta el mismo nivel al menos del pasado ejercicio, con 77 millones de euros, ha sido una de las primeras cuestiones que tanto la organización como el Grupo Popular tenían en agenda. Dicho aumento es imprescindible para poder elevar el importe de las ayudas a la agricultura ecológica, recortados recientemente por la publicación de varias normas que introducían severas reducciones a estas primas e introducían la aplicación de criterios de selección para reducir el número de beneficiarios. La organización ha recurrido la norma de agricultura ecológica por entender que ocasionaba a los solicitantes, que ya han asumido los compromisos y gastos exigidos, importantes perjuicios económicos.
Unión de Uniones ha considerado también incrementar el crédito para las indemnizaciones compensatorias de zonas desfavorecidas, que en el proyecto de presupuestos ha sido recortado hasta los 10 millones de euros, para dotarlo de la misma cantidad que el pasado año, 22 millones de euros. Esta medida es una de las pocas que tradicionalmente se han venido destinando a que los agricultores y ganaderos a título principal puedan seguir desarrollando su labor compensándolos de las mayores dificultades de la actividad agraria en dichas zonas.
Otras de las partidas tocadas al alza en las propuestas presentadas por la organización han sido las dedicadas a ayudas al seguro agrario, sanidad animal e investigación, lo que necesitaría de una mayor implicación de recursos propios de la Administración Regional, que en el proyecto de presupuestos representan sólo el 7,8 % del volumen de gastos operativos de la Consejería para este año.
Igualmente la Unión de Uniones ha propuesto una rebaja, menor de la prevista en el borrador de las cuentas agrarias, de la partida destinada a la medida de mejora de la transformación y la comercialización (FOCAL), pero priorizando en la misma a las cooperativas y a las industrias que colaboren a un desarrollo armonioso del sector con acuerdos con la producción que favorezcan un reparto equilibrado del valor añadido a lo largo de la cadena, trasladando a los agricultores y ganaderos una parte del mismo mediante el pago de unos precios justos por sus producciones.
La organización ha argumentado que los fondos necesarios para las mejoras propuestas pueden extraerse de medidas que ni están explicadas en el proyecto de Ley ni se justifica su importe en la memoria de la sección en base a los indicadores y objetivos reflejados. Además estima que las cantidades destinadas a la contratación de estudios e informes por parte de empresas externas a la Consejería, que este año suponen 5,16 millones de euros con una aumento de más del 16 % respecto a 2014, se pueden reducir de manera muy importante si se encarga la realización de dichos trabajos con la plantilla de la propia Administración dedicándose los recursos presupuestarios a medidas de mayor prioridad.
La Unión de Uniones, ha encontrado una positiva receptividad a sus propuestas por parte del Grupo Popular y confía en que se trasladen a las Cortes, para su consideración. La organización ha pedido igualmente reunirse con el mismo objeto tanto al Grupo Socialista, como al Grupo Podemos y espera poder contar igualmente con muestras de una actitud de diálogo por su parte para poder mejorar los presupuestos priorizando las partidas de mayor interés y que mejor atienden las necesidades de los agricultores y ganaderos.
