Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se ha dirigido por escrito al Consejero de Agricultura, Martínez Arroyo, para solicitarle que lance un mensaje tranquilizador a los agricultores y ganaderos de la región y que expresamente aclare que, en ningún caso, éstos acabarán pagando la multa de 32,1 millones de euros por la incorrecta aplicación por parte de las administraciones del coeficiente de admisibilidad las superficies de pastos (CAP).
Esta organización agraria ya remitió una carta el pasado 20 de febrero a la Consejería trasladándole su preocupación por la corrección financiera impuesta por la Comisión Europea debida a errores en la aplicación por parte de las Administraciones en la admisibilidad de los pastos en los pagos de la PAC y solicitando información acerca de cómo se procederá por la Junta de Comunidades en relación a este asunto. La respuesta de la Consejería avanza el recurso contencioso administrativo que se interpondrá contra el Acuerdo de Consejo de Ministros que imputa la multa a Castilla-La Mancha, pero también anuncia que de obligarse a pagar a la región los 32,1 millones de euros derivados de la sanción “la ejecución de esta decisión traería gravísimas consecuencias económicas: podría comprometer el abono de las ayudas de la PAC a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha”.
Ante dicha respuesta por un lado, y por otro, las declaraciones atribuidas al Sr. Vicepresidente, Martínez Guijarro, según las cuales el ajuste del presupuesto necesario para hacer frente a la penalización afectaría al Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, comprometiendo la anualidad FEDER [sic]2017 y siguientes, Unión de Uniones ha pedido al Consejero Martínez Arroyo que haga una declaración expresa de que, en ningún caso, serán los agricultores y ganaderos quienes asuman el pago de la multa. Unión de Uniones señala que, a estos efectos, el hecho de que haya o no presupuestos aprobados es indiferente, puesto que ya en el proyecto de presupuestos de agricultura para 2017, la partida destinada a este tipo de correcciones financieras era de 880.000 euros, la misma que en 2016, cantidad insuficiente en todo caso para responder al pago de la anualidad de la sanción.
La organización no entra a atribuir la responsabilidad última de la corrección, que será dilucidada en su caso por el Tribunal Supremo en el contencioso administrativo anunciado por la Consejería de Agricultura, pero lo que es incuestionable es que a quien no cabe en modo alguno imputársela es a los agricultores y ganaderos, que se han limitado a cumplimentar sus declaraciones y solicitudes con las normas y el SIGPAC que las Administraciones les han proporcionado y que tampoco se han beneficiado de unos mayores ingresos por cuanto que las asignaciones eran en todo caso las mismas independientemente de la superficie reconocida.
En cuanto a sus posibles afecciones al programa de desarrollo rural, tal posibilidad sería, en opinión de Unión de Uniones, un total dislate. La única manera de abonar la corrección financiera con cargo al PDR, sería utilizando los recursos propios en principio destinados a la parte de cofinanciación regional de las medidas, puesto que no parece razonable que se estuviera pensando en utilizar la participación de la AGE, ni la del propio FEADER. En consecuencia, de hecho se estaría multiplicando prácticamente por 6 la penalización a la región, al dejar de invertir en el PDR no solo la parte regional, sino la de la AGE y la del FEADER.
En definitiva, para Unión de Uniones sería inaceptable que finalmente la corrección se repercutiera de cualquier manera sobre los agricultores y ganaderos, ya sea en forma de descuentos o ajustes de los pagos PAC o en el PDR, por lo que hemos solicitado formalmente a la Consejería que ello no suceda así en ningún caso y que así lo haga público.
