La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se ha hecho eco de los problemas que están teniendo los agricultores y ganaderos para gestionar las solicitudes de la PAC y muestra su descontento ante lo que califica de incompetencia administrativa.
Esta organización denuncia que, por segunda campaña consecutiva, los agricultores y ganaderos están sufriendo los fallos en la aplicación de captura de solicitudes, las bases gráficas desactualizadas o con errores, discrepancias en las asignaciones de derechos y retrasos en la publicación de circulares informativas y normativas de aplicación, lo que está suponiendo un quebradero de cabeza constante a los solicitantes y a las entidades que, como la organización, colaboran con la tramitación.
A falta de una semana del cierre oficial del periodo de presentación (o tres una vez que se publique la ampliación aprobada hasta el 15 de mayo), Unión de Uniones estima que aún quedarían por tramitar en toda España del 40% al 50% de las solicitudes.
“En este bajo nivel de tramitación han influido varios factores – afirman desde la organización – “Algunos de ellos han tenido que ver con la aplicación de captura del Ministerio de Agricultura en aquellas regiones que lo usan. Un programa que tuvo un coste de implantación de 10 millones de euros y que cuesta anualmente más de 2,4 millones de euros en mantenimiento. Pese a ello, la aplicación no se puso realmente en marcha hasta mediados de marzo, aproximadamente un mes y medio más tarde de la apertura oficial del período de solicitud y, además, la base gráfica que obligatoriamente debe ser utilizada para las solicitudes de más de 200 hectáreas no se ha habilitado hasta mediados de abril y aún corre con muchas deficiencias” – apuntan.
Asimismo, hasta el 30 de marzo no se ha conocido la asignación “casi definitiva” de derechos de pago, lo que ha dificultado que se formalizaran antes de esa fecha solicitudes aparejadas a cesiones de los mismos; las comunicaciones a los interesados del cálculo de sus asignaciones no se han empezado a realizar hasta abril, lo que ha impedido la detección temprana de posibles errores.
Por otra parte, durante la mayor parte del período de tramitación se ha estado trabajando con un SIGPAC (Sistema de Información Geográfica) desactualizado y que no incorporaba la mayoría de las alegaciones y correcciones presentadas ya por los agricultores y ganaderos el pasado año, lo que no sólo obliga a volver a repetir el mismo trabajo, sino que ha provocado errores en la asignación de derechos.
“Si a todo ello unimos el retraso por parte del Ministerio de Agricultura en publicar las circulares de coordinación que deben actualizar los criterios de aplicación de este año tras los cambios normativos aprobados y las tardías fechas con que, en general, han sacado las Comunidades Autónomas las normas y convocatorias de líneas de ayudas a superficies y ganadería ligadas a los Programas de Desarrollo Rural que se tramitan también a la solicitud unificada, tenemos servida por segundo año consecutivo una verdadera “calamidad administrativa”.” – señalan desde Unión de Uniones.
La organización considera que la excusa que se esgrimió el pasado año por parte de las Administraciones del acoplamiento al nuevo sistema ya no es válida y ve inadmisible que los agricultores y ganaderos tengan que pagar nuevamente esta campaña el papel de las Administraciones, que dificultan y hacen las solicitudes mucho más complejas de lo que ya de por sí lo son.
Unión de Uniones, que se ha dirigido por escrito al FEGA para solicitar una reunión de trabajo para aclarar las dudas e inconvenientes que han ido surgiendo a lo largo de la campaña, exige tanto al Ministerio como a las Administraciones, que “se pongan las pilas” para acabar la presente de la mejor manera posible y que empiecen ya a trabajar para que, de verdad, en 2017 se pueda empezar a tramitar la PAC desde el primer día de apertura del plazo con los programas funcionando y las reglas del juego claras.
