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La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que es el organismo estatal encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, va a realizar esta campaña inspecciones tanto en bodegas como a unos 400 viticultores en toda España, entre octubre y diciembre, para verificar que se han hecho los correspondientes contratos y que se han abonado los pagos y liquidaciones en los plazos que se marca la citada normativa.

Es importante, en opinión de la Unión de Uniones, que los viticultores que reciban el requerimiento de la  AICA aporten la documentación que se les requiera, toda vez que en caso de no existir contrato ellos no serán los sancionados, pero si es una infracción no suministrar a la Agencia los datos que pida que puede llegar a suponer una sanción de hasta 3.000 euros. En diez días desde el momento de la petición inicial, se les solicitará que aporten el resumen de las cantidades de uva entregada, las fotocopias de los albaranes o tickets de báscula y, para los que hayan entregado uva a bodegas privada o cooperativas de las que no son socios, las fotocopias de los correspondientes contratos.

Una vez que la citada Agencia examine la documentación recibida de los viticultores se inspeccionará a las bodegas a las que éstos han entregado uva, levantando el correspondiente acta de los incumplimientos e infracciones detectados que pueden dar lugar a propuestas de sanción.

La segunda etapa del programa de controles abarcará de febrero a agosto de 2016, en donde se realizarán inspecciones sobre una selección de bodegas para comprobar las liquidaciones y plazos de pago en base a las facturas, albaranes, justificantes de pago y, en su caso, pliego de condiciones de la Denominación de Origen. Si la AICA detecta incidencias podrá realizar controles cruzados con los viticultores para confirmar esos datos.

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