La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha mostrado su satisfacción ante la propuesta de la Comisión Europea de aplazar un año la aplicación obligatoria del registro electrónico de productos fitosanitarios, una medida que originalmente debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026. La organización considera este paso como una victoria parcial para el sector agrario y un reconocimiento explícito de los problemas de adaptación digital que afrontan miles de agricultores en el medio rural.
Según la organización, esta decisión “demuestra que la Comisión ha escuchado las preocupaciones legítimas del campo”, aunque advierten de que el retraso de un año “resulta insuficiente” para resolver las dificultades estructurales que impiden una implantación efectiva y justa del sistema electrónico.
La petición formal ante la Comisión Europea
El origen de esta revisión se remonta a marzo de 2025, cuando Unión de Uniones trasladó oficialmente al Comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, su preocupación por la inminente aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, que imponía la obligación de registrar de manera digital el uso de productos fitosanitarios. La organización argumentó que una parte importante de los agricultores carece de medios tecnológicos adecuados y que la brecha digital en el medio rural haría imposible cumplir con la normativa sin generar una carga excesiva.
En la misiva enviada al Comisario, Unión de Uniones propuso no solo aplazar la fecha de entrada en vigor, sino también introducir flexibilidades específicas para las pequeñas y microexplotaciones agrarias, que a menudo no cuentan con los recursos económicos ni formativos para adaptarse a herramientas digitales complejas.
La respuesta de la Comisión, recibida en mayo, reconocía que “algunos usuarios, especialmente los agricultores de mayor edad o con menos recursos, podrían tener dificultades para cumplir el requisito”, comprometiéndose a trabajar con los Estados miembros para evitar cargas adicionales en la aplicación del sistema. Esta admisión supuso ya un indicio de que Bruselas estaba abierta a reconsiderar los plazos iniciales.
Un aplazamiento insuficiente para el campo
El nuevo anuncio de aplazar un año la obligatoriedad del registro electrónico es interpretado por la organización como un avance positivo, pero insuficiente. Desde Unión de Uniones sostienen que la medida “va en la línea correcta”, aunque remarcan que un solo año de margen no permitirá solventar las deficiencias estructurales en conectividad y capacitación tecnológica que caracterizan al medio rural.
“Creemos que un año es poco”, señalan desde la entidad, que insiste en que no se trata únicamente de una cuestión de plazos, sino de equidad. “La digitalización del sector agrario debe hacerse de manera inclusiva, garantizando que todos los agricultores, independientemente de su tamaño o localización, puedan cumplir con las obligaciones europeas sin que ello ponga en riesgo la viabilidad de sus explotaciones”, añaden.
La organización recuerda que, gracias al acuerdo de las 43 medidas alcanzado anteriormente, ya se consiguió hacer voluntario el cuaderno digital de explotación, una victoria que sentó precedente en la defensa de los intereses de los pequeños agricultores. Este nuevo aplazamiento se interpreta como una continuidad de esa línea de diálogo y presión institucional.
Petición de exención para pequeñas y microexplotaciones
Pese a valorar el gesto de Bruselas, Unión de Uniones ha enviado un nuevo escrito al Comisario Hansen, instando a que la revisión del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 incluya una exención explícita para las pequeñas y microexplotaciones agrarias. La organización argumenta que este tipo de explotaciones, con escasa capacidad administrativa y recursos limitados, “no deben quedar atrapadas en una maraña burocrática que las penalice por no disponer de medios digitales”.
Según fuentes de la organización, la prioridad debe ser la simplificación y proporcionalidad de las obligaciones, especialmente en un contexto en el que los agricultores afrontan múltiples retos normativos, económicos y climáticos. “No se puede pedir al mismo tiempo sostenibilidad, modernización y competitividad sin garantizar las herramientas necesarias”, señalan.
La digitalización del campo: un reto aún pendiente
Unión de Uniones advierte que la digitalización del campo europeo no puede basarse en la imposición, sino en la creación de condiciones reales de acceso. La falta de cobertura de internet en amplias zonas rurales, la escasez de formación tecnológica y los costes derivados de la implantación de nuevas plataformas electrónicas son, según la organización, los principales obstáculos que deben resolverse antes de cualquier obligatoriedad.
La entidad subraya que la conectividad y la capacitación digital deben considerarse “pasos previos indispensables” para cualquier política de modernización del sector agrario. En este sentido, reclama una implicación directa de los Estados miembros y de la propia Comisión Europea en la financiación de infraestructuras digitales rurales y programas formativos accesibles.
“El discurso de la digitalización no puede quedarse en una consigna”, recalcan desde la organización. “Si realmente se pretende construir un sector agrario más sostenible y eficiente, es imprescindible invertir en la base: las personas y los medios con los que trabajan”.
La posición política y el impacto en el sector
El debate sobre el registro electrónico de productos fitosanitarios refleja un choque entre los objetivos de sostenibilidad y la realidad práctica del campo europeo. Por un lado, la Comisión Europea busca mejorar la trazabilidad, transparencia y seguridad medioambiental en el uso de estos productos; por otro, las organizaciones agrarias advierten que la carga administrativa puede ser desproporcionada para las explotaciones más pequeñas.
El aplazamiento de un año, aunque bien recibido, no elimina la incertidumbre. Muchos agricultores temen que, pasado ese plazo, la obligación se aplique sin que las condiciones del entorno hayan cambiado sustancialmente. Por ello, Unión de Uniones considera crucial mantener un diálogo continuo con Bruselas y con el Ministerio de Agricultura español, con el objetivo de que las soluciones sean permanentes y adaptadas a la realidad del territorio.
Un compromiso con la sostenibilidad y la equidad
Finalmente, Unión de Uniones recuerda que el sector agrario español está plenamente comprometido con la sostenibilidad, pero defiende que las políticas europeas deben aplicarse de forma justa y gradual. “No se trata de rechazar la digitalización, sino de hacerla viable”, afirman sus representantes.
La organización confía en que la revisión del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 sirva para consolidar un enfoque más flexible, equitativo y adaptado al ritmo del campo, en lugar de uno uniformemente impuesto desde la administración.
Mientras tanto, continuará defendiendo que las normas comunitarias no se conviertan en un obstáculo adicional para los profesionales del campo, especialmente para las pequeñas y microexplotaciones que constituyen la base social y económica del medio rural.
