La Unió Llauradora ha iniciado hoy una campaña de protesta simbólica en el municipio de la Vall d’Uixó, en la comarca de la Plana Baixa, mediante la instalación de una lona reivindicativa que distribuirán por toda la zona afectada. La protesta tiene como objetivo visibilizar la amenaza que representa la planta fotovoltaica de Arada Solar para el tejido agrícola local, especialmente para unos 126.000 árboles, la mayoría de ellos cítricos en plena producción, que actúan como sumideros naturales de dióxido de carbono.
Un megaproyecto que afecta al territorio agrícola y al equilibrio ecológico
La instalación solar, impulsada por Arada Solar, filial de la multinacional noruega Statkraft, contempla ocupar unas 280 hectáreas de suelo agrícola en los términos municipales de Vall d’Uixó, Chilches y Moncofa. La infraestructura proyectada incluye también una nueva subestación eléctrica y una línea de evacuación de media tensión de casi 18 kilómetros que atravesará los municipios de la Vall d’Uixó, Nules, Burriana, Alquerías del Niño Perdido, Vila-real y Betxí.
Según denuncia LA UNIÓ, esta intervención pondría en riesgo la producción de hasta 5 millones de kilos de cítricos, lo cual agrava aún más la situación del sector citrícola, ya tensionado por los efectos del cambio climático, el descenso de las cosechas y la pérdida progresiva de superficie agraria útil.
Una amenaza directa a la citricultura valenciana
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, ha subrayado que “la citricultura es el cultivo predominante en esas localidades afectadas y no podemos perder más terreno agrario porque necesitamos un volumen estable de cítricos para consolidar todas las inversiones realizadas en las explotaciones y en los puestos de trabajo, tanto fijos como temporales”.
Esta planta solar se plantea en una zona de regadío con alto valor agroecológico, donde en los últimos años se han desarrollado proyectos de modernización de regadíos y se han ejecutado inversiones conjuntas entre agricultores y administraciones públicas. La desaparición de estas explotaciones supondría un retroceso en la profesionalización y sostenibilidad del sector.
Precios bajos y presión sobre los propietarios de tierras
La estrategia de Arada Solar pasa por alcanzar acuerdos de compraventa o alquiler con los propietarios de los terrenos, ofreciendo condiciones económicas muy por debajo del valor real, según LA UNIÓ. Esto ha generado un rechazo importante, sobre todo por parte de jóvenes agricultores que han invertido recientemente y que desean continuar su actividad como profesionales del campo.
Carles Peris advierte que la presión para firmar estos contratos pone en peligro la continuidad de muchas explotaciones familiares: “Hay muchos jóvenes que han realizado inversiones en los últimos años y no quieren deshacerse de sus tierras por cuatro duros”.
Impacto estructural sobre las comunidades de regantes
Además del perjuicio individual sobre las fincas afectadas, la ejecución del proyecto podría comprometer la viabilidad de las entidades de riego que operan en la zona. Estas comunidades, responsables de gestionar el suministro hídrico para las parcelas agrícolas, verían reducida su base de regantes, lo que haría insostenible su actividad y podría forzar su desaparición como colectivo.
Desde LA UNIÓ se reitera que no están en contra de las energías renovables, pero sí del modelo que actualmente se impone sin una ordenación adecuada del territorio ni una planificación participativa. La organización pide a las administraciones que establezcan una moratoria y una regulación clara para evitar que estas infraestructuras acaben expulsando a la agricultura de zonas fértiles y estratégicas.
Una reivindicación con respaldo social y territorial
En el acto de protesta celebrado hoy han participado también miembros de la Plataforma Energía y Territorio de la Plana Baixa, que comparte los argumentos de LA UNIÓ y pide un modelo energético más justo y equilibrado, que no suponga la eliminación del patrimonio agrícola ni la pérdida de empleo rural.
Con esta campaña, LA UNIÓ busca no solo informar a la ciudadanía de la magnitud del problema, sino también movilizar al conjunto del sector agrario y de la sociedad civil para defender un modelo territorial que combine sostenibilidad energética y protección del entorno rural.
