La Unió Llauradora ha reclamado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una compensación económica justa y la conservación de derechos agrarios y de riego para los agricultores cuyas parcelas han sido reclasificadas como Dominio Público Hidráulico (DPH) a raíz de las consecuencias provocadas por la dana de 2024 en la Comunitat Valenciana.
Según denuncia la organización, muchas de las parcelas afectadas llevaban años desarrollando actividad agraria consolidada, y estaban amparadas por derechos reconocidos dentro de la Política Agraria Común (PAC) y autorizaciones legales de riego. Sin embargo, tras los cambios provocados por la alteración física de cauces y barrancos, estos terrenos pasarán a integrar la nueva delimitación del DPH, lo cual implica graves consecuencias económicas, jurídicas y productivas para los profesionales del campo.
Una reclamación que busca justicia, proporcionalidad y seguridad jurídica
Ante esta situación, LA UNIÓ exige al Ministerio que se implemente una compensación proporcional que tenga en cuenta:
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El valor patrimonial del suelo afectado.
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La pérdida de capacidad productiva derivada de la nueva calificación.
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El perjuicio económico directo causado a los agricultores.
Además, solicita expresamente que se mantengan los derechos agrarios vinculados a las superficies afectadas, de manera que puedan reactivarse en otras fincas en caso de compraventa o arrendamiento futuro. Esto incluiría los derechos de ayuda directa de la PAC, que se verán comprometidos si el agricultor pierde la titularidad sobre la superficie que los genera, así como los derechos de plantación de viñedo, cuya validez debe mantenerse sin restricciones.
En lo que respecta al riego, la organización agraria propone que los derechos preexistentes puedan ser traspasados a nuevas parcelas de sustitución, de forma automática. En los casos en que existiera un pozo individual autorizado, se debería facilitar una nueva autorización para su uso en la nueva ubicación, garantizando así la continuidad de la actividad agraria.
Información transparente y actualizada en el SIGPAC
Uno de los aspectos más problemáticos señalados por LA UNIÓ es la falta de claridad administrativa y jurídica que rodea el proceso. Por ello, pide al MITECO que se asegure la incorporación inmediata y actualizada de las nuevas delimitaciones del DPH al visor SIGPAC, herramienta clave para que los agricultores puedan consultar la situación legal de sus parcelas de forma transparente, visual y sencilla.
También reclama que se garantice el derecho de información individualizada previa, así como la posibilidad de presentar alegaciones ante cualquier reclasificación que les afecte directamente.
Declaraciones de Carles Peris: equidad y reconocimiento al mundo agrario
Para Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, “la situación generada por la dana ha ocasionado una modificación física de la red hídrica que debe ser abordada con criterios de equidad, proporcionalidad y colaboración institucional, sin menoscabar los derechos legítimos de quienes, durante décadas, han desarrollado una actividad agraria lícita y necesaria para el equilibrio rural y ambiental del territorio”.
Estas declaraciones subrayan el carácter estructural del problema, que no se limita a una simple disputa jurídica o administrativa, sino que tiene que ver con el modelo de convivencia entre la protección ambiental y la sostenibilidad agraria. En este contexto, LA UNIÓ advierte que ignorar la realidad del sector primario podría acarrear efectos irreversibles sobre el tejido productivo rural, especialmente en zonas afectadas por la despoblación o el envejecimiento demográfico.
Precedentes: reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar
Las demandas ahora elevadas al MITECO ya fueron trasladadas por la organización el pasado 27 de junio durante una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la comisaría de Aguas, en la que se detallaron las consecuencias directas para centenares de explotaciones agrícolas.
Entre las principales inquietudes expuestas se encuentran:
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La pérdida de derechos de ayuda PAC sin compensación posterior.
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La imposibilidad de mantener el regadío en nuevas superficies.
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La falta de alternativas realistas para reubicar actividades agrícolas viables.
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El riesgo jurídico de operar en terrenos que pasan a formar parte del Dominio Público Hidráulico.
Desde LA UNIÓ se insiste en que esta afectación masiva del patrimonio agrario privado no puede resolverse con criterios unilaterales o desde una lógica puramente ambiental, sino que exige un enfoque integral, donde se combine la protección del dominio público con el respeto a los derechos adquiridos por agricultores que durante décadas han invertido y trabajado en estas fincas.
En resumen
El conflicto generado por la reclasificación de parcelas agrarias como Dominio Público Hidráulico tras la dana de 2024 amenaza con debilitar la estructura productiva y la estabilidad jurídica del sector agrario valenciano. LA UNIÓ Llauradora, en defensa de sus afiliados, exige al MITECO que adopte medidas correctoras basadas en:
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Compensaciones económicas proporcionales.
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Conservación y activación de derechos agrarios y de riego.
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Claridad administrativa y garantías jurídicas.
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Transparencia en el visor SIGPAC.
Las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán un precedente crucial para la forma en que se gestionen futuras catástrofes naturales y sus efectos sobre la actividad agraria.
