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  • Una sentencia del Supremo recupera la obligación de que las autonomías emitan informes cuando las DO comprendidas en más de una comunidad recomienden limitar plantaciones, y que la decisión final la tome el Ministerio

Unió de Pagesos pide al Ministerio de Agricultura que respete las valoraciones y las decisiones que tomen las denominaciones de origen a través de sus consejos reguladores, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de diciembre de 2020, en referencia a la modificación del real decreto que regula el potencial vitícola en España, y que puede afectar a la Denominación de Origen Cava. El sindicato defiende que son las denominaciones de origen las que disponen de los insumos, de la mejor información sobre sus stocks, la previsión de demanda y la previsión de producción y de potencial productivo y, por tanto, son las entidades que pueden valorar mejor la necesidad de limitar las nuevas plantaciones o replantaciones en su ámbito geográfico. Las DO son corresponsables tanto de su potencial productivo como de la comercialización de los productos que amparan.

Esta sentencia deroga dos artículos de la norma que regula el potencial vitícola, y conlleva, en primer lugar, que el Ministerio de Agricultura recupera la obligación de pedir un informe no vinculante a las comunidades autónomas donde estén ubicadas las DO de ámbito de varias autonomías (caso de la del Cava, entre otros) cuando estas recomiendan establecer limitaciones de nuevas autorizaciones y replantaciones en su ámbito. En segundo lugar, recupera la decisión final sobre la aplicación de estas recomendaciones de las DO que se encuentran en más de una comunidad por parte del Ministerio y no de las mismas denominaciones. En este sentido, Unió de Pagesos pide al Ministerio de Agricultura que continúe defendiendo la soberanía de las denominaciones en cuanto a su crecimiento, y que respete las recomendaciones vigentes y las futuras.

El sindicato quiere incidir en el hecho de que, en caso de que no se respete la actual decisión de la DO Cava de limitar las nuevas plantaciones durante tres años para evitar más stocks, los afectados por el desequilibrio serán los viticultores, los más débiles de la cadena, ya que los excedentes previsibles provocarían una bajada del precio de la uva y del vino. Estos conflictos competenciales acaban traduciéndose en una menor valorización de la producción del viticultor.

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