Unió de Pagesos exige que el concepto de «producto perecedero» de la Ley de la cadena alimentaria también se aplique a la ganadería

Agronews Castilla y León

7 de abril de 2022

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Unió de Pagesos considera un agravio para los ganaderos la interpretación que hace la Administración del concepto “producto perecedero” en el sector agrario, puesto que obvia la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Para el sindicato, la interpretación que hace la Administración sobre productos perecederos y no perecederos llega al absurdo, puesto que, según la ley, si el producto es perecedero, se tiene que pagar a 30 días al productor, mientras que si no lo es se puede pagar a 60 días. En este contexto, la Administración considera que a los animales vive se consideran producto no perecedero, y por tanto, supone un agravio para los ganaderos.

Unió de Pagesos ya había denunciado en otras ocasiones que esta ley, que tenía que equilibrar las relaciones entre los diferentes elementos de la cadena y conseguir una distribución justa del valor de los productos agrarios, era más ambiciosa en los objetivos que no en los instrumentos que se pusieron al alcance para conseguirlos.

Esta interpretación afecta negativamente los ganaderos que venden sus animales, pero es especialmente perversa si tenemos en cuenta que Cataluña que fue pionera al haber publicado una ley específica sobre este régimen, los legisladores consideraron adecuado limitar el plazo de pago de las casas integradoras a 30 días.

La interpretación de la Administración pone en peligro la viabilidad económica de las granjas que en estos momentos tienen que hacer frente a los fuertes incrementos de los costes energéticos y del pienso (las que trabajan por su cuenta), entre otras.

Los ganaderos catalanes apuestan desde hace años por la mejora continúa de las granjas y afrontan todas las exigencias ambientales, sanitarias y de bienestar a favor de la calidad de los productos y de la imagen de la ganadería ante unos consumidores cada vez más exigentes. En este sentido, el sindicato considera que la Administración tiene que ofrecerlos seguridad jurídica y apoyo en las negociaciones de las condiciones de venta y cobro de la producción.



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