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Unió de Pagesos responsabiliza a las grandes bodegas compradoras de uva y de vino con base en Cataluña de la grave crisis de precios y económica que está viviendo el sector productor en estos momentos y anuncia una campaña de acciones de protesta que concretará en los próximos días. El sindicato apunta especialmente como promotora de esta situación a la empresa Henkell, propietaria de Freixenet desde 2018, un año antes de decidir la reducción del precio de compra de uva de 0,45-0,50€/Kg a 0 ,30€/Kg, alegando un aumento de stocks en el marco de la DO Cava. En ese momento, otras muchas bodegas de fuera del ámbito del cava decidieron aprovechar la situación para reducir también sus precios de compra de la uva y del vino, aunque la coyuntura del mercado no lo justificaba. Hay que tener presente que en Cataluña, de las 54.114 hectáreas de vid existentes en 2020, unas 32.000* hectáreas pertenecían a la DO Cava (el 70% del total), de las 7.226 explotaciones vitivinícolas en Cataluña, más de 6.000 estaban inscritas también DO Cava, y de los 3,5 millones de hectólitros de vino producidos en Cataluña de media, unos 3 millones se destinan a la DO Cava. Por tanto, la política de las empresas que compran más uva y vino a los viticultores, directamente a través de agrupaciones de productores y cooperativas, determina la situación del sector en Cataluña.

Este importante punto de inflexión marcó una bajada progresiva de los precios de la uva y del vino, que, según los últimos datos de precios percibidos por los viticultores de Acción Climática, se situaron de media en 2020 en 0,29€ el kilo de uva. Sin embargo, los precios de liquidación de cooperativas del Alt Penedès y del Camp de Tarragona se sitúan entre 0,16 y 0,28 € el kilo, un nivel que no se alcanzaba desde la crisis de 2009, y en un contexto en el que los costes de producción en el sector han tendido al alza, especialmente desde 2020.

A raíz de esta situación, el viticultor se ha descapitalizado y no dispone de margen económico para hacer frente a los gastos de la nueva campaña de cultivo. El sindicato denuncia que las empresas conocen estas cifras, y aún así, las ignoran. Unió de Pagesos valora que el agravio es aún más desequilibrado si se tiene en cuenta que el precio al consumo de vino comercializado en Cataluña, según datos del Observatorio de la Viña, el Vino y el Cava, es estable en los últimos años: el precio medio de la botella de vino tinto joven y de blanco está en 3,7€ la botella, en 6€ la botella de tinto crianza, en 6,4€ la botella de cava sucio, y en 17€ la de cava reserva. Mientras, la uva se paga a menos del 10% del valor de venta al consumidor.

El sindicato denuncia que en un contexto de denominaciones de origen, donde las bodegas compran básicamente uva y vino producido en Cataluña para comercializarlo bajo el amparo de una DO, éstas pagan precios que acaban comportando el abandono de la actividad y el empobrecimiento de los agricultores, y de paso, del territorio, con todas las implicaciones económicas, paisajísticas y medioambientales.

Además, cabe mencionar que en la vendimia 2020 ya se encontraba en vigor la publicitada modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que debía permitir a los viticultores cobrar por encima de los costes de producción. Esta ley no facilita el equilibrio de la cadena agroalimentaria, ya que las liquidaciones de las bodegas cooperativas de la cosecha de 2020 están entre 0,18 y 0,28 €/Kg, por debajo de costes de producción que el sindicato estima en 0, 40€/Kg de uva.

Ante esta situación, el sindicato llama a los viticultores catalanes a sumarse a los actos de protesta que llevará a cabo próximamente, con la intención de que se prolonguen en el tiempo. El sindicato también reclama, tanto al INCAVI como a la consellera Jordà, la defensa de los viticultores catalanes para que sean remunerados adecuadamente en el marco de las denominaciones de origen que amparan. El sindicato les pide que desempeñen un papel más activo frente al abuso de determinadas bodegas, y el apoyo a las tipologías de bodegas, pequeñas o mayores, que tienen por objetivo remunerar adecuadamente a los agricultores.

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