Unió de Pagesos de Cataluña presentó el pasado 13 de diciembre una denuncia contra empresas citrícolas por la inexistencia de contratos de compraventa con los agricultores del sector ante la Agencia de Información y Control Agroalimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura. Este organismo se ha comprometido a realizar los controles pertinentes para erradicar estas prácticas, así como poner en marcha un plan específico de controles de oficio en el sector de los cítricos, dentro del marco del Plan de Control 2016-2017
El sindicato considera que buena parte de los productores de cítricos se encuentra en una situación de indefensión debido a la grave crisis que sufre el sector en este campaña, provocada por diversos factores, y ello conlleva una práctica generalizada por parte de las empresas comercializadoras de incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y de la Ley de Morosidad, ya que los intercambios comerciales se realizan sin contratos escritos válidos y sin plazos de pago conocidos, superiores a los 30 días que establece la normativa. Por este motivo, Unió de Pagesos ha pedido al AICA que realice e inspecciones aleatorias a los operadores que actúan en el sector y también en determinadas empresas.
Hay que tener en cuenta que en esta campaña convergen diferentes factores que está provocando un deterioro grave de las transacciones comerciales entre agricultores y compradores. El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) de la Unión Europea con los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC en inglés) y sus concesiones a las importaciones de naranjas procedentes de Sudáfrica, vigente desde del 10 de octubre pasado, el intento de promover la comercialización de nuevas variedades por parte de los mismos obtentores (a la vez compradores) en detrimento de las variedades comerciales sin royalties, y las recientes condiciones climáticas adversas están provocando que muchas parcelas se queden sin cosechar o que el campesinado entregue las clementinas sin precio al comercio.
El sindicato valora positivamente la respuesta del AICA, que reconoce haber recibido durante el 2016 cinco denuncias en el sector de los cítricos, dos relacionadas con venta a pérdidas trasladadas por las comunidades autónomas, y el resto por presuntos incumplimientos de la Ley de la cadena alimentaria, que han derivado en un expediente sancionador por inexistencia de contratos.
