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Unió de Pagesos organizó, el día 28 de octubre en Cambrils, una asamblea de afiliados y afiliadas del sector de la viña y el vino para trabajar temas de actualidad de su ámbito que el sindicato cree indispensable informar y debatir con los productores. Una de estas cuestiones fue, precisamente, la defensa del sindicato que el futuro del sector vitivinícola catalán pasa por apostar por diferentes modelos de empresas, complementarios, como las cooperativas y las pequeñas bodegas, para poder asegurar su viabilidad en el futuro.

La asamblea se centró en valorar la propuesta de hoja de ruta del Ministerio de Agricultura de gestión de los excedentes del vino sin Indicación Geográfica (DOP). También se valoró el funcionamiento de las restricciones de autorizaciones de plantación de viñedo en el Estado y por denominaciones de origen, y finalmente se debatió sobre las ayudas del sector vitivinícola en la propuesta de nueva PAC 2020.

La cita sirvió para constatar que la viña puede contribuir a luchar contra el cambio climático, a pesar de la necesidad del sector de adaptarse, lo antes posible, a los efectos del calentamiento global. Por ello, se reclama que el Plan Estratégico del Estado español de la nueva PAC se articulen ecoesquemes adecuados para las explotaciones vitícolas, como de gestión del suelo y la fertilización o sistemas alternativos a la lucha química.

Desde el sindicato se valoró también muy negativamente el funcionamiento del Plan de Apoyo Vitivinícola del Estado, que en el periodo 2017-2019 ha perdido 81,6 millones de euros (8,4 millones en el ejercicio 2017, 59 millones 2018 y 14,2 en lo que llevamos de 2019). En este sentido, Unió de Pagesos ha presentado propuestas para que los pequeños operadores puedan también participar en las medidas de promoción y la puesta en marcha de las ayudas de información en los mercados de la Unión Europea, así como cambios en los mecanismos financieros para no dejar perder más fondos comunitarios que el sector necesita.

En cuanto a la regulación de excedentes al Estado, como plantea el ministerio de Agricultura a la propuesta de 'Hoja de ruta para la estabilidad y la calidad del sector vitivinícola', se puso de manifiesto que la regulación del sector sólo es posible con un mayor rigor en control del fraude. Es necesario que el sector se implique en la regulación del vino sin Indicación Geográfica a nivel de Estado español si se da la necesidad de hacerlo, pero antes habrá que determinar unos mecanismos de activación de la regulación adecuados.

La organización estima que cada campaña se dan entre 3 y 5 millones de hectolitros de mosto y vino generados por prácticas fuera de la legalidad y, por tanto, cree que el Ministerio, antes de aplicar las medidas de gestión, hay que elimine del todo el fraude en el sector.

Finalmente el sector debatió sobre la coexistencia de denominaciones de origen a las parcelas vitícolas de Cataluña y sobre el futuro de las explotaciones familiares de viña con la llegada de grupos inversores en el sector, que pasaría por fortalecer las cooperativas, con una mayor implicación de los agricultores y profesionalización, y potenciar las pequeñas bodegas, ligadas ambas tipologías al territorio y al tejido socioeconómico de las comarcas.

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