
La Unió Llauradora i Ramadera ha presentado alegaciones al proyecto de Decreto de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio sobre la gestión, caza y control de ungulados silvestres, con el objetivo de que la normativa propuesta sea realmente efectiva y cuente con un presupuesto adecuado para paliar los efectos devastadores de la sobrepoblación de jabalíes y otros ungulados en la Comunidad Valenciana.
Los datos son alarmantes: las pérdidas en 2024 superaron los 50 millones de euros debido a los daños provocados por estos animales en los cultivos valencianos. La situación es especialmente grave en zonas rurales y agrícolas, donde los agricultores han denunciado reiteradamente el impacto negativo de la fauna salvaje en sus explotaciones.
Críticas a la gestión actual y necesidad de medidas inmediatas
“En algunas zonas la situación con la fauna es realmente insostenible. Los agricultores y ganaderos estamos pagando las consecuencias de una gestión deficiente que no ha solucionado el problema de la sobrepoblación de ungulados. Es urgente que se implementen medidas efectivas para frenar esta plaga que está arruinando nuestras explotaciones”, ha señalado Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
Desde la organización agraria reconocen que el decreto es un primer paso importante, pero advierten que, en cuestiones clave como la gestión de los jabalíes abatidos, la normativa propone soluciones parciales que no resuelven el problema a largo plazo. En este sentido, exigen que la administración destine recursos económicos suficientes para garantizar una gestión de retirada de cadáveres conforme a los niveles de bioseguridad requeridos.
Principales modificaciones propuestas por LA UNIÓ
Ante las deficiencias detectadas en el proyecto de decreto, LA UNIÓ ha presentado una serie de propuestas para optimizar la normativa y garantizar que su aplicación sea realmente efectiva. Entre ellas, destacan:
1. Mayor flexibilidad en las cacerías colectivas
Actualmente, la normativa limita el número de cazadores y perros en las cacerías colectivas, lo que reduce la eficacia en el control del jabalí y otras especies dañinas. LA UNIÓ solicita ampliar estos parámetros para adaptarlos a la densidad del monte mediterráneo, permitiendo así una mayor efectividad en la reducción de daños a los cultivos.
2. Extensión del período de caza hasta el 15 de marzo
En línea con la normativa europea, LA UNIÓ propone ampliar la temporada de caza hasta el 15 de marzo, con el fin de garantizar un control más efectivo de la fauna en momentos críticos para la agricultura, evitando así mayores pérdidas económicas para los productores.
3. Uso de tecnología avanzada para la detección de ungulados
Se sugiere la incorporación de cámaras de fototrampeo y detectores de presencia en el control de fauna. Estas herramientas permitirían optimizar las esperas nocturnas, reduciendo los daños en los cultivos y mejorando la eficiencia de las actuaciones preventivas.
4. Mayor poder de actuación para los propietarios agrícolas
En municipios donde la sobrepoblación de ungulados es especialmente grave, LA UNIÓ reclama que los propietarios de tierras agrícolas puedan actuar directamente, utilizando jaulas trampa sin depender de los titulares de cotos de caza. Esto evitaría retrasos innecesarios en la gestión del problema.
5. Eliminación de restricciones en terrenos agrícolas dentro de cotos de caza
Se solicita que los terrenos agrícolas enclavados en cotos de caza puedan aplicar medidas de control más equilibradas, ajustándose a la realidad de cada explotación. Actualmente, la normativa impone restricciones que dificultan el control de la fauna en estos espacios, generando pérdidas económicas para los agricultores.
Exigencia de una revisión profunda de la Ley de Caza
Junto a estas modificaciones, LA UNIÓ reclama una revisión urgente de la Ley de Caza de la Comunitat Valenciana, que ya tiene más de 20 años de antigüedad. La organización argumenta que la legislación actual no responde a las necesidades actuales del sector y que es necesario adaptarla a la nueva realidad agraria y medioambiental.
“Los daños en los cultivos se multiplican año tras año y las soluciones tienen que ser más eficaces. Exigimos medidas reales y presupuesto para realizarlas, con objeto de proteger la producción agraria valenciana“, concluye Carles Peris.
Con estas alegaciones, LA UNIÓ espera que la Conselleria de Medio Ambiente implemente cambios sustanciales en el decreto y que el sector agrario reciba una respuesta inmediata y efectiva ante un problema que sigue agravándose cada año.