La Unió Llauradora ha solicitado al Gobierno español una serie de modificaciones en el Real Decreto-ley 6/2024, del pasado 5 de noviembre, mediante el cual se establecen medidas de emergencia para contrarrestar los daños causados por la reciente DANA que azotó varias zonas de la Comunidad Valenciana. En su planteamiento, la organización agraria valora positivamente las ayudas ya establecidas pero enfatiza la necesidad de ajustes y ampliaciones específicas en el Real Decreto, de modo que se puedan abarcar más áreas afectadas y aplicar medidas que resulten más efectivas para el sector agrícola y ganadero.
El secretario general de LA UNIÓ ha destacado que “si bien el apoyo a través de las acciones iniciales ha sido fundamental, el decreto actual se centra en moratorias, cuando lo que realmente necesitan los agricultores y ganaderos afectados son exenciones reales en sus cuotas y pagos fiscales”. Además, la organización ha subrayado la importancia de incluir una ayuda directa de 5.000 euros para agricultores profesionales con explotaciones en los municipios dañados, una medida que ayudaría a cubrir los costos inmediatos de recuperación de bienes y facilitar el retorno a la actividad productiva en el campo.
La Unió pide Apoyo directo y menos moratorias para agricultores profesionales
Para los agricultores y ganaderos que se encuentran en el Sistema Especial de Trabajadores Autónomos por Cuenta Propia Agrarios o en el Régimen de Trabajadores Autónomos Agrarios, la organización agraria considera que el Real Decreto-ley actual resulta insuficiente. Según LA UNIÓ, el artículo 24 del decreto restringe el acceso a las ayudas para la mayoría de estos trabajadores, quienes no pueden suspender su actividad debido a la naturaleza de sus funciones. En las zonas afectadas, los agricultores deben asumir tareas esenciales como la reparación de infraestructuras, sistemas de riego y la limpieza de terrenos inundados, esfuerzos que representan un costo considerable sin el cual la recuperación completa es inviable.
El planteamiento de LA UNIÓ insiste en que el sector agrícola requiere un ajuste normativo que contemple exenciones en lugar de aplazamientos de cuotas, ya que estas actividades de recuperación demandan un compromiso a largo plazo. La organización considera que una ayuda directa de 5.000 euros para agricultores profesionales, en línea con las que reciben otros autónomos en sectores diferentes, sería crucial para reparar las pérdidas materiales, facilitando la reactivación y la continuidad de sus labores en el campo.
Además, LA UNIÓ ha solicitado que el listado de municipios incluidos en el decreto se amplíe para incluir a otras áreas de la Comunidad Valenciana que, aunque no han tenido afectaciones directas en sus cultivos, sí han experimentado daños significativos en infraestructuras, vías y explotaciones ganaderas. Entre las localidades que la organización pide incluir en Valencia están la Pobla Llarga, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, y en la provincia de Castellón se propone la inclusión de Alcalà de Xivert, Altura, Benassal, Cabanes, La Pobla Tornesa, Morella y Rossell, entre otros.
LA UNIÓ argumenta que muchos agricultores quedan excluidos de las indemnizaciones debido a las normas actuales de Agroseguro, que establecen un mínimo de siniestro para poder recibir compensaciones, lo que perjudica a pequeños agricultores que han sufrido daños menores. En este sentido, la organización sugiere la inclusión de una ayuda adicional que cubra los daños que no alcanzan el umbral mínimo de Agroseguro, extendiendo el beneficio a todas las explotaciones agrarias afectadas.
Otro aspecto que LA UNIÓ ha trasladado al Gobierno es la necesidad de instar a las compañías aseguradoras a devolver la prima no consumida de las pólizas de vehículos, especialmente tractores y otros vehículos agrícolas destrozados. Debido al impacto del temporal, muchos de estos vehículos han sido declarados pérdida total, por lo que la organización sugiere que se establezca un procedimiento de devolución automática de las primas desde la fecha del siniestro, evitando que los agricultores tengan que solicitar el reembolso de manera individual. Esta medida permitiría a los afectados contar con un apoyo financiero adicional que ayude a paliar las pérdidas económicas en un momento crítico para el sector agrario.
Además, LA UNIÓ ha pedido a la Dirección General de Seguros que proporcione mapas detallados de precipitaciones por municipio y por franja horaria, ya que muchas compañías aseguradoras rechazan las reclamaciones con el argumento de que no se alcanzaron los valores mínimos de precipitación establecidos en las pólizas. Con la publicación de estos datos oficiales, se facilitaría a los agricultores demostrar la intensidad de las lluvias y evitar la posición de indefensión en la que muchos se encuentran.
La organización agraria señala que el impacto de la DANA en el sector agrícola ha sido devastador, y los daños superan los 800 millones de euros en pérdidas iniciales. LA UNIÓ asegura que, aunque no se vieron directamente afectados, muchos agricultores y ganaderos de otras zonas han colaborado con su maquinaria para ayudar en las labores de limpieza y recuperación, destinando parte de las donaciones recibidas para cubrir los gastos de combustible y asegurar que estos trabajos puedan seguir adelante.
Para LA UNIÓ, el apoyo al sector agrario y ganadero debe basarse en la flexibilidad y adaptación a las necesidades reales del campo, y las modificaciones al Real Decreto-ley propuestas buscan precisamente brindar mayor seguridad y respaldo a agricultores y ganaderos que dependen de sus tierras para subsistir. La organización espera que el Gobierno considere estas solicitudes para lograr una respuesta que no solo sea efectiva a corto plazo, sino que permita una recuperación sostenida y justa del sector agrario en la Comunidad Valenciana y en otras zonas rurales afectadas.
Con el compromiso de seguir apoyando y defendiendo a los agricultores, LA UNIÓ insiste en que este sector desempeña un papel esencial en la economía y en la sostenibilidad alimentaria del país, un compromiso que debe estar también reflejado en el apoyo de las administraciones públicas.
