La Unió Llauradora i Ramadera ha solicitado al Ministerio de Agricultura que habilite una línea de ayudas directas para que los agricultores afectados por la DANA puedan asumir de manera inmediata los costes de reparación de infraestructuras y limpieza de parcelas. Según la organización, esta medida permitiría a los productores acometer las intervenciones necesarias con sus propios medios, sin depender de la actuación de la empresa pública TRAGSA, cuyos tiempos de respuesta no se ajustan a la urgencia que requiere el sector.
El temporal, que ha dejado graves daños en zonas agrícolas de la Comunitat Valenciana, ha dificultado el acceso a parcelas, la recolección de cultivos y la aplicación de tratamientos fitosanitarios indispensables para evitar pérdidas mayores. Ante esta situación, LA UNIÓ advierte que muchos agricultores necesitan actuar de inmediato para garantizar la viabilidad de sus explotaciones y minimizar el impacto económico.
LA UNIÓ reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 7/2024, que encomienda a TRAGSA la ejecución de actuaciones urgentes en las zonas afectadas por la DANA. No obstante, la organización insiste en que el sector agrario es altamente dinámico y no puede permitirse esperar a los plazos de intervención de la empresa pública, especialmente en un momento crítico como la recolección de cosechas o la aplicación de tratamientos para prevenir plagas y enfermedades.
“El apoyo del Gobierno es fundamental, pero necesitamos medidas complementarias que permitan a los agricultores actuar con rapidez, utilizando sus propios recursos para llevar a cabo las reparaciones más urgentes”, afirmó un portavoz de LA UNIÓ.
Para justificar estas intervenciones, la organización propone que los agricultores aporten pruebas fotográficas georreferenciadas del estado de las parcelas antes y después de los arreglos. De esta manera, se garantizaría la transparencia y efectividad en la gestión de las ayudas.
Acciones Prioritarias para los Agricultores por parte de la Unió
Entre las tareas más urgentes que deben acometer los agricultores se encuentran:
- Reparación de infraestructuras agrarias: caminos de acceso, sistemas de riego, muros y otras estructuras esenciales para la actividad agrícola.
- Limpieza y desescombro de parcelas: retirada de materiales arrastrados por el agua, como piedras, ramas y otros residuos que obstaculizan el manejo de los cultivos.
- Aplicación de tratamientos fitosanitarios y fungicidas: prevención de enfermedades y hongos en cultivos que no pueden esperar a las condiciones idóneas.
Estas acciones, señala LA UNIÓ, no solo son necesarias para proteger las cosechas actuales, sino también para asegurar la continuidad de la producción en el futuro inmediato.
La DANA ha dejado a los agricultores con una doble carga: por un lado, las pérdidas económicas derivadas de los daños en cultivos e infraestructuras; por otro, los costes adicionales de las reparaciones y trabajos necesarios para restablecer la actividad.
En este contexto, LA UNIÓ advierte que muchos titulares de explotaciones agrarias están asumiendo estos gastos con sus propios medios, lo que agrava su situación financiera. “Los agricultores ya han sufrido pérdidas importantes. Ahora, además, deben enfrentarse al coste de reparar los daños, lo que supone un esfuerzo desproporcionado para muchas familias”, lamenta la organización.
Para aliviar esta carga, LA UNIÓ ha solicitado que el Gobierno implemente una línea de ayudas directas, similar a las contempladas en el artículo 25 del Real Decreto-ley 7/2024, pero sin la intermediación de TRAGSA. Estas ayudas permitirían a los agricultores financiar de manera inmediata las intervenciones necesarias y garantizar la continuidad de sus actividades.
La organización subraya que este enfoque sería complementario a las medidas ya existentes, reforzando el apoyo al sector agrario en un momento crítico. Además, destaca que la agilidad y flexibilidad de esta medida beneficiarían tanto a los agricultores como a la administración, al reducir los tiempos de respuesta y simplificar los procedimientos.
Aunque LA UNIÓ considera que las medidas actuales no son suficientes, ha expresado su reconocimiento al Gobierno por las acciones adoptadas hasta ahora. En particular, valora positivamente que los costes de las actuaciones encomendadas a TRAGSA recaigan sobre el Ministerio de Agricultura, aliviando así la carga económica para los agricultores afectados.
Sin embargo, insiste en que la situación requiere un enfoque más amplio y flexible. “El sector agrario necesita soluciones inmediatas. Los agricultores no pueden esperar, porque sus cultivos tampoco lo harán”, recalca la organización.
LA UNIÓ advierte que la falta de medidas rápidas y efectivas podría tener consecuencias graves para el sector agrario en la Comunitat Valenciana. Además de las pérdidas económicas inmediatas, los agricultores podrían enfrentar un deterioro progresivo de sus explotaciones, lo que comprometería su capacidad para producir en el futuro.
La organización subraya que el sector agrario es esencial no solo para la economía regional, sino también para la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. Por ello, hace un llamado al Gobierno para que priorice esta propuesta y brinde a los agricultores las herramientas necesarias para superar esta crisis.
Para garantizar la eficacia de las ayudas, LA UNIÓ se ha ofrecido a colaborar con el Gobierno en el diseño y desarrollo de la nueva línea de apoyo. “Queremos trabajar junto a las autoridades para asegurar que estas ayudas lleguen a quienes más las necesitan, de forma rápida y eficiente”, afirmó el portavoz de la organización.
La DANA ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sector agrario frente a los fenómenos climáticos extremos. Aunque las medidas adoptadas hasta ahora representan un avance, LA UNIÓ insiste en que son necesarias acciones adicionales para garantizar la continuidad de las explotaciones y minimizar las pérdidas.
La propuesta de ayudas directas para los agricultores afectados, basada en la agilidad y la flexibilidad, ofrece una solución práctica y efectiva para enfrentar los desafíos inmediatos. Ahora, el sector espera una respuesta favorable del Gobierno para que estas medidas puedan implementarse lo antes posible y reforzar el apoyo a un sector vital para la Comunitat Valenciana y para toda España.
