La Unión Nacional de Agricultores y Productores Independientes (UNASPI) ha dado un paso firme para defender al sector cerealista español. En una nota de prensa emitida el 18 de junio de 2025, la organización ha advertido públicamente que iniciará acciones legales ante posibles prácticas colusorias en la fijación del precio del cereal en origen. La amenaza se sustenta en el hecho de que el precio medio actual, cifrado en 170 euros por tonelada, está “claramente por debajo de los costes de producción”, lo cual constituiría una vulneración directa de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria.
El problema: precios por debajo de coste que violan la normativa
La Ley de la Cadena Alimentaria y su espíritu
La Ley 16/2021 establece con claridad que no puede producirse destrucción de valor en la cadena alimentaria, y que los costes de producción deben ser el mínimo de referencia para la firma de contratos escritos. Esta legislación nació con el propósito de proteger a los eslabones más débiles del sistema agroalimentario, especialmente al agricultor, frente a abusos comerciales, dominancia y desequilibrios estructurales.
Sin embargo, según UNASPI, la realidad del mercado del cereal en 2025 distorsiona flagrantemente esta protección legal. Con precios de 170 €/t, muy inferiores a los costes reales de producción —que varían según zona, cultivo y condiciones climáticas, pero que superan ampliamente esa cifra—, los productores estarían comercializando sus productos a pérdida, en contra del marco legal vigente.
El papel de las lonjas: ¿referencia o instrumento de presión?
Lonjas con capacidad jurídica y efecto de mercado
Las lonjas de cereal, aunque no establecen precios vinculantes, tienen un peso determinante en el mercado, ya que son las encargadas de proporcionar referencias orientativas que son tomadas en cuenta por la industria, cooperativas y distribuidores para cerrar contratos. Estas lonjas agrupan a los principales operadores del sector y participan directamente en las mesas de precios, órganos encargados de establecer las cotizaciones orientativas semanales.
UNASPI destaca que este sistema de referencia tiene efectos económicos reales, y que si las lonjas acuerdan precios por debajo del umbral de coste —aunque sea de manera no explícita—, se estaría incurriendo en una posible práctica colusoria o abuso de posición dominante, lo que contraviene la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.
Marco legal: dos leyes clave en juego
Ley de Defensa de la Competencia
En su artículo 1, la Ley 15/2007 prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que tengan por objeto la fijación de precios, reparto del mercado o limitación de la producción. Además, el artículo 2 establece que se prohíbe el abuso de posición dominante, especialmente si se traduce en la imposición de condiciones injustas.
⚠️ UNASPI no descarta acudir a los tribunales si se mantienen los precios por debajo de coste. La colusión en lonjas sería motivo de sanción por la CNMC.
Ambos artículos podrían ser activados si se confirma que hay una coordinación encubierta entre operadores a través de las lonjas para mantener precios artificialmente bajos, en perjuicio de los agricultores.
Supervisión y sanciones de la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de vigilar y sancionar estos comportamientos. UNASPI ha anunciado que ha remitido escritos formales a todas las lonjas de referencia, mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios, advirtiendo que de detectar indicios de concertación de precios ilegales, presentará una solicitud formal de apertura de expediente sancionador ante la CNMC.
UNASPI prepara una ofensiva legal
Acciones inmediatas y futuras
El escrito enviado por la asociación incluye una cláusula clara: en caso de mínima sospecha de concertación o colusión, UNASPI se reserva el derecho de iniciar acciones legales de mayor calado, incluidas demandas por daños y perjuicios contra los responsables de la fijación de precios si estos se encuentran en infracción de la normativa vigente.
Este anuncio eleva la presión sobre los agentes implicados en el mercado del cereal, que deberán justificar que sus procesos de cotización y fijación de precios se ajustan plenamente a la legalidad.
El trasfondo económico: crisis de rentabilidad en el campo
Un precio sin sostenibilidad
La crítica de UNASPI se enmarca en un contexto de alta inflación agraria, costes energéticos disparados, encarecimiento de insumos y sequías recurrentes. Todo ello ha hecho que los costes de producción se hayan incrementado entre un 20 % y un 35 % en los últimos dos años, dependiendo de la zona y el tipo de cereal cultivado.
Bajo estas condiciones, vender a 170 €/t implica pérdidas estructurales, lo que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones agrícolas.
El mensaje político: cumplir la ley o responder ante los tribunales
El tono del comunicado de UNASPI es inequívoco. No se trata solo de una queja gremial, sino de una advertencia legal firme. La asociación deja claro que utilizará todas las herramientas jurídicas a su disposición, incluida la judicialización del conflicto si no se garantiza un entorno de mercado justo y legal.
| Concepto | Detalle |
| Precio en origen actual | 170 €/t |
| Costes de producción estimados | Superiores a 200 €/t |
| Ley infringida | Ley 16/2021 de la cadena alimentaria |
| Autoridad competente | CNMC |
| Posibles acciones | Sanciones y demandas judiciales |
