UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente, ha lanzado una contundente advertencia al Gobierno por lo que considera un intento de “burlar la voluntad del Congreso” mediante la fragmentación y aprobación por decretos del contenido del Real Decreto-ley 7/2025, rechazado recientemente en sede parlamentaria.
La preocupación principal de la entidad recae sobre la posible recuperación, por vía administrativa, del polémico artículo 8 del RDL, un apartado que permitiría declarar de utilidad pública proyectos energéticos promovidos incluso por empresas privadas, legitimando la expropiación de terrenos agrícolas. Según la organización, esta medida supone una grave vulneración del derecho fundamental a la propiedad privada, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española.
Un intento de imponer por decreto lo que el Congreso rechazó
UNASPI considera que el Ejecutivo estaría intentando sortear el rechazo democrático del Congreso al “resucitar” el contenido del RDL 7/2025 a través de decretos sectoriales. En palabras de su presidente, Miguel Ángel Aguilera, “esto no solo es un desprecio al poder legislativo, sino una grave amenaza a un derecho fundamental como es la propiedad privada”. La organización interpreta esta maniobra como un ataque directo a la transparencia institucional y a la confianza ciudadana.
«Decreto Okupa del Campo»: indignación en el medio rural
La denominación acuñada por diversos colectivos agrarios —“Decreto Okupa del Campo”— refleja la alarma creciente en el medio rural ante la posibilidad de que tierras de cultivo puedan ser objeto de expropiación para la instalación de infraestructuras energéticas privadas. Este tipo de medidas, subraya UNASPI, no solo afectaría la seguridad jurídica de miles de agricultores y ganaderos, sino que erosionaría gravemente la estabilidad social y económica del territorio rural, ya de por sí tensionado por políticas centralizadas alejadas de la realidad local.
Exigencia de diálogo con el sector primario
En su nota de prensa, la organización exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que renuncie de manera inmediata a cualquier fórmula que pretenda recuperar el artículo 8 y que, en su lugar, abra un proceso de diálogo transparente y participativo con los representantes del sector primario. Para UNASPI, cualquier transición energética debe sustentarse en el consenso, la protección de derechos fundamentales y el respeto al campo, no en decretos unilaterales.
La propiedad privada como límite de la transición energética para UNASPINASPI
UNASPI remarca que la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías renovables no puede hacerse a costa del expolio del medio rural. Reclama una transición justa que tenga en cuenta a quienes trabajan y viven en el territorio, advirtiendo que el artículo 8 del RDL 7/2025 abría la puerta a una “privatización encubierta del interés público” al permitir que intereses empresariales se impongan sobre derechos constitucionales.
El presidente de la organización afirma con rotundidad: “No permitiremos que la transición energética se haga a costa de expropiar la tierra de quienes mantenemos el territorio y alimentamos al país”.
Llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones democráticas
Finalmente, UNASPI hace un llamamiento tanto a la ciudadanía como a las instituciones democráticas a defender el equilibrio entre desarrollo energético y protección de derechos individuales, y pide máxima vigilancia ante cualquier intento de reinstaurar el contenido del decreto rechazado sin el control parlamentario debido.
La nota de prensa concluye con la voluntad de la organización de permanecer alerta y movilizada para garantizar que cualquier normativa que afecte al campo cuente con la participación activa del sector, y no sea impuesta de manera unilateral desde los despachos.
