La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), la Fundación Juana de Vega, la Agencia Tributaria de Galicia, el Instituto de Estudios del Territorio (IET) y la Universidad de Santiago de Compostela (USC) firmarán un convenio de colaboración para la observación de la movilidad y el mercado de la tierra agraria en Galicia, así como para el intercambio de información entre estas entidades. Así se dio cuenta en el Consello da Xunta, paso tras el cual ya se puede llevar a cabo la firma del acuerdo.
En base a este intercambio de información se creará un observatorio que identifique la problemática del mercado de la tierra en nuestra Comunidad; así como las posibles soluciones, con el fin de redimensionar las explotaciones a través del aumento de su base territorial. En este sentido, el uso de la tierra es imprescindible para la solvencia del campo gallego y se deben tomar decisiones que se encaminen a mejorar el contorno económico, social y sobre –todo– legal, que permita el aprovechamiento de este recurso.
Los resultados que se esperan conseguir con esta colaboración son la identificación de los obstáculos para el funcionamiento de los mercados de la tierra; así como unas posibles recomendaciones para mejorar la movilización productiva de la tierra agraria. También se pretende definir las pautas para la creación de una infraestructura de difusión web, integrada en el Sistema de Terras de Galicia (SITEGAL), con toda la información relevante sobre dicha movilidad y así favorecer su dinamismo.
Inicios del observatorio
Este convenio da continuidad al proyecto “Propiedad, movilidad de tierras y valorización territorial” llevado a cabo en el 2013 y 2014 y que asentó las bases de este observatorio. Por aquel entonces el acuerdo estaba suscrito entre la Fundación Juana de Vega y la USC. De este proyecto se concluyó que las fuentes más acomodadas para obtener información sobre las dinámicas de movilidad de tierras son los datos gestionados directamente por el Banco de Tierras y los derivados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otras fuentes, por lo que las entidades que actualmente van a participar consideran de utilidad establecer un marco de colaboración institucional para compartir datos de manera habitual.
