
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha estimado que las pérdidas ocasionadas por la DANA del pasado 29 de octubre ascienden a 17.000 millones de euros, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales en términos de reducción del PIB de 2024. Este desastre climático destruyó activos tanto públicos como privados, incluyendo viviendas, infraestructuras, instalaciones industriales y agrícolas, y maquinaria.
Según el informe “Alcance económico de la DANA del 29 de octubre en la provincia de Valencia”, el impacto va más allá de las pérdidas inmediatas. La provincia enfrenta un serio reto para reconstruir su tejido económico y social, especialmente en los 89 municipios afectados. La zona acumula el 35% de los activos de la provincia, con un valor total estimado en 85.900 millones de euros. Por cada punto porcentual de destrucción de activos, se calculan pérdidas de 859 millones de euros.
Desglose de las pérdidas
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Activos empresariales: Las estimaciones de Cámara Valencia y AVA-Asaja indican que los daños en activos empresariales superan los 13.000 millones de euros.
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Infraestructuras: Según el Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana, las infraestructuras dañadas representan un coste de 2.900 millones de euros.
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Viviendas: Las viviendas afectadas, especialmente las situadas en zonas bajas, han registrado pérdidas significativas que elevan el total al 20% de los activos totales destruidos.
El informe destaca que los daños materiales y las limitaciones a la actividad económica en 2025 dependerán del volumen y orientación de las ayudas, así como de la capacidad de resiliencia de la economía y la sociedad valencianas.
Zona afectada y densidad poblacional
Los 89 municipios afectados representan el 40% de la población provincial y el 35,6% de las empresas. La población en esta zona ha crecido significativamente desde 1960, duplicándose hasta superar el millón de habitantes en 2024. En l’Horta Sud, una de las zonas más afectadas, la densidad poblacional es de 1.592 habitantes por kilómetro cuadrado, seis veces superior a la media provincial.
En términos de activos, el 65% corresponde a viviendas (56.295 millones de euros) y el 35% restante a infraestructuras públicas y privadas (23.605 millones de euros). La alta concentración de activos residenciales y productivos en una región de riesgo inundable refleja un desequilibrio en la gestión territorial.
Inversiones insuficientes en infraestructuras hídricas
La provincia de Valencia ha experimentado una drástica reducción en inversiones en infraestructuras hídricas desde 2009. Las inversiones anuales han pasado de 200 millones de euros a menos de 50 millones a partir de 2011, una caída del 75% que ha dejado al territorio expuesto a riesgos de inundaciones.
Este bajo esfuerzo inversor ha retrasado nuevos proyectos y no ha permitido mantener el capital acumulado, agravando la vulnerabilidad de la región frente a eventos extremos como la DANA. Además, la expansión de superficies artificiales ha reducido la permeabilidad del suelo, aumentando el impacto de las lluvias torrenciales.
Sectores económicos más afectados
La actividad económica también ha sufrido graves consecuencias. Entre el 30 de octubre de 2024 y el 8 de enero de 2025, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han afectado a 30.584 trabajadores en los municipios afectados, concentrándose principalmente en:
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Hostelería: 34,7% de los empleados acogidos a ERTE.
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Manufacturas: 18,7%.
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Comercio y reparación: 17,7%.
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Actividades artísticas y recreativas: 30,2%.
En l’Horta Sud, 14.539 trabajadores han sido afectados, lo que representa un 8,4% de los empleados en la zona. En la zona cero, este porcentaje asciende al 7,6%, con 13.786 trabajadores afectados.
Necesidad de un enfoque preventivo y plan de reconstrucción
El informe del Ivie subraya la importancia de:
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Incrementar las inversiones en infraestructuras hídricas para reducir la exposición a riesgos climáticos extremos.
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Diseñar un sistema de indicadores de recuperación para monitorizar y acelerar el proceso.
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Implementar un plan de acción preventivo que refuerce la confianza de inversores y residentes.
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Aprovechar herramientas de georreferenciación para realizar un diagnóstico más riguroso del impacto.
La recuperación económica debe ir acompañada de inversiones en activos tangibles e intangibles, modernizando el tejido productivo y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias futuras.
Conclusiones
El impacto de la DANA del 29 de octubre marca un antes y un después en la gestión del riesgo climático en la provincia de Valencia. Con pérdidas estimadas en 17.000 millones de euros, es crucial que las autoridades y la sociedad trabajen de manera conjunta para reconstruir la región, prevenir futuros desastres y mejorar la resiliencia territorial.