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La organización de productores impulsada por Unións Agrarias-UPA considera inaceptable la resistencia de esta industria, responsable entre otras marcas de Leite Larsa y Central Lechera Asturiana; que está eludiendo la negociación colectiva y tratando de obligar a los productores a firmar individualmente contratos que ignoran claramente su derecho a cobrar por encima de los costes de producción, tal y como establece la Ley de la Cadena Alimentaria.

Ulega destaca la importancia de apostar por la negociación colectiva para evitar intentos de burlar los derechos de los agricultores como los que está llevando a cabo Capsa en las últimas semanas. “Están boicoteando las negociaciones con Ulega y están tratando de obligar a los ganaderos a firmar contratos amenazándolos con no recoger la leche”, dijo el presidente de la organización de productores, José Manuel Liñares, que insta al Ministerio de Agricultura ya la Xunta de Galicia a actuar cuanto antes para hacer cumplir la ley.

La organización de productores ya ha puesto en conocimiento de las administraciones la situación y apela a la responsabilidad de las mismas para poner freno a una situación que vulnera la Ley de la Cadena Alimentaria y que supone un claro atentado contra la rentabilidad y el mantenimiento del tejido productivo. E insta a no dejar pasar estos graves hechos y a promover "una acción inmediata, contundente y ejemplar contra Capsa para que no se repitan siete tipos de actitudes, claramente contrarias a la Ley del Paquete Lácteo". También insistió en la necesidad de potenciar la figura del mediador público que ya existe en otros países europeos. Una forma de aportar mayor transparencia y equilibrio en las negociaciones entre industrias y productores y asegurar el estricto cumplimiento de la legislación vigente.

A finales de enero, Ulega trasladó a Capsa la solicitud para iniciar el proceso de negociación de los nuevos contratos de abatimiento. Sin embargo, la industria está ignorando su obligación de negociar colectivamente a través de la organización de productores, como lo exige la ley, tratando de obligar a los agricultores a renovar los contratos de forma individual. “Están visitando a todos y cada uno de los productores que conforman Ulega con amenazas de que o se inscriben o dejan de recolectar leche”, aseguró Ulega, que considera especialmente intolerable e incomprensible este proceder de una industria de base cooperativa, y cuyo director general es también presidente de Fenil.

La "oferta" de Capsa fija un precio base de 31,5 céntimos/litro. Una cifra que dista mucho de los costes de producción de las fincas que, según reconocen tanto el Ministerio como la Xunta de Galicia, rondan los 40 céntimos. Además, no incluye ninguna referencia a los costes de producción, sino que propone un contrato ligado a la evolución de las cotizaciones de los derivados industriales que, si bien es cierto que en estos momentos alcanzan precios récord, podrían devaluarse en cualquier momento, obligando a los agricultores a entregar leche por menos de lo que les cuesta producirla.

“El objetivo es claro: saben que Ulega no está de acuerdo con el contrato que pusieron sobre la mesa y por eso evitan la negociación colectiva”, dijo el asesor técnico de la organización y jefe del Área Sector Lácteo de Sindicatos Agrarios, Oscar Pose

Ulega fue la primera organización de productores lácteos reconocida en España y una de las más importantes de Europa. Capsa recoge leche de unas mil explotaciones gallegas que, de firmar el contrato propuesto, se verían desamparadas y obligadas a vender a pérdidas ante una caída inminente de los precios de productos industriales como el queso, la leche en polvo y la mantequilla .

Además de Capsa, Ulega recuerda que la imposición de contratos y la resistencia a una negociación equilibrada sigue siendo una actitud generalizada entre las industrias lácteas que operan en Galicia. “Basta con tomar los contratos de cualquiera de ellos y ver que todas y cada una de sus condiciones, punto y coma, sean exactamente iguales; lo que deja en plena evidencia que se trata de contratos de adhesión, impuestos por la industria y sin ningún tipo de negociación de los productores”.

Ulega recuerda el aumento constante y brutal que experimentan desde hace meses los costos de producción de las fincas. “No se espera la recuperación de los precios de estos insumos en el corto plazo, por lo que es absolutamente necesario que los nuevos contratos incluyan una referencia a la evolución de los mismos y garanticen su cobertura en todo momento”.

En el extremo opuesto, la organización de productores apunta a industrias como Entrepinares y Pascual, que “están poniendo sobre la mesa contratos con precios razonables para los productores y deberían servir de referencia para otras industrias”.

Ulega habla que en los últimos meses la distribución ha impulsado un incremento en el PVP de la leche para permitir una distribución más equilibrada y justa de las utilidades entre todos los eslabones de la cadena productiva. Sin embargo, con pocas excepciones, las industrias se están embolsando ese aumento, negándose a pasarlo a los productores e ignorando la legislación vigente.

 

Negociaciones de distribución

Ulega y Unións Agrarias están negociando con la distribución para que en los contratos de suministro con las industrias se haga referencia explícita a que la leche y los productos lácteos que se compran proceden de explotaciones que cubren los costes de producción. Una cláusula que ya han implantado algunas cadenas, y que ambas organizaciones intentarán extender a todas las que operan en Galicia.

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