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UGT FICA y CCOO de Industria protagonizan una campaña informativa que busca dar protagonismo a la altísima precariedad laboral en la que viven los trabajadores y trabajadoras del campo español. Para ello, ambas federaciones sindicales reivindican el 21 de mayo como una jornada de lucha "Por un trabajo digno en el campo español". Las reivindicaciones sindicales se centran en el desbloqueo de los convenios provinciales, la aplicación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 2019 a todos los y las trabajadoras agrarias, y la consecución, de una vez por todas, de un Convenio General del Campo, que ponga freno a las desigualdes y homogenice las condiciones laborales de todos los trabajadores independientemente de la provincia o Comunidad Autónoma en la que desarrollen su actividad laboral.

A tal efecto, UGT FICA y CCOO de Industria han elaborado un díptico informativo en el que se incluyen buena parte de las reivindicaciones sindicales para dignificar a los y las trabajadoras del campo español. En el documento, ambas federaciones recuerdan que el millón de personas que trabaja por cuenta ajena en el sector agrario, soporta las condiciones laborales más duras y adversas de toda la actividad productiva del país. Sus salarios son de los más bajos y padecen un marco de relaciones laborales anticuado. Las características del sector (precariedad; temporalidad superior al 60% en los hombres y al 70% en las mujeres; dispersión y atomización de las empresas) acentúan todavía más el poder patronal y generan un fuerte desequilibrio frente al resto de las personas trabajadoras.

Las condiciones laborales del sector agropecuario se regulan en más de sesenta convenios colectivos. La inmensa mayoría son provinciales, de comunidad autónoma o de región. En pleno siglo XXI no existe un Convenio Estatal del Campo que homogenice las condiciones del conjunto de España y que evite la competencia desleal. La patronal CEOE (ASAJA, FEPEX y el Comité de Gestión Cítricos) decidió paralizar la negociación por la decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, 12.600 euros anuales. Hasta ahora la negociación se desarrollaba con una lentitud asombrosa.

A las patronales agrarias, afirman desde los sindicatos en un comunicado de prensa, no les basta con no cumplir lo que se acordó en el IV Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva (AENC), que fijaba alcanzar un salario mínimo de mil euros al mes y catorce mil al año en 2020. También incumplen la Ley que fija el SMI para este año 2019.

En más de treinta provincias, denuncian, se incumple la aplicación del salario mínimo en los convenios agropecuarios. En algunos casos solo se aplica correctamente a las personas fijas y fijas discontinuas. Las temporeras, los temporeros y las personas eventuales, que son la inmensa mayoría, no se benefician de la subida.

Además, se produce un incumplimiento sistemático de los convenios colectivos, un fraude que se perpetúa en la contratación y en la declaración de las jornadas reales a la Seguridad Social Agraria. Se la debe integrar sin más demoras en el Régimen General, para acabar con un fraude que merma de manera notable sus ingresos.

190426 campana dignidad campo2Es por ello que UGT FICA y CCOO de INDUSTRIA quieren poner en la agenda de los partidos políticos, del nuevo gobierno que salga elegido este 28 de Abril y de los gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas, la situación inadmisible de precariedad en la que trabajan los asalariados por cuenta ajena del campo.

Los sindicatos no podemos permitir que se produzca un proceso de crecimiento económico y que aumente la productividad y la rentabilidad del sector, excluyendo a las personas trabajadoras. Aumentan las grandes bolsas de pobreza, la explotación, el fraude y la desregulación laboral, porque la riqueza que se genera no llega a las personas.

El marco de relaciones laborales está obsoleto. Los bajos precios de los productos en origen y los salarios del campo los determina la gran distribución. Hay excesivos intermediarios entre la persona trabajadora y la empresa (capataces, encargados, manigeros, furgoneteros, ETTs y empresas de servicios), que merman los salarios. 

Por ello, ambas federaciones sindicales exigen, entre otras, las siguientes reivindicaciones: 

– Desbloqueo de la negociación colectiva y del I Convenio Estatal del Campo. 
– Empleo estable y de calidad. Conversión del contrato temporal en fijo-discontinuo.
– Salarios mínimos dignos: 900 euros/mes en 2019 y 1.000 euros en 2020.
–  Contrato laboral siempre por escrito.
– Reducir el número de trabajadores necesario para poder negociar planes de igualdad en las empresas.
– Protocolos contra el acoso sexual por razón de sexo.
– Altas y bajas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (SEASS) al inicio y a la finalización de la actividad laboral, tal y como ocurre en el Régimen General.
– Declaración de todas las jornadas reales trabajadas en el SEASS.
– Prestaciones asistenciales por desempleo para todos los trabajadores del campo.
– Actuación decidida de la Inspección de Trabajo en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para atajar el fraude y evitar atentados contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
– Acceso seguro a las fincas para garantizar el asesoramiento sindical y laboral.
– Formación Profesional para el Empleo.

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