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  • El convenio de eficacia limitada firmado con UPA y COAG cumple con el Salario Mínimo Interprofesional y garantiza incrementos salariales del 1,6%

El pasado lunes, 8 de enero, UGT FICA Sevilla firmó con las organizaciones agrarias UPA y COAG el convenio colectivo del campo, de eficacia limitada, con el que se garantiza un incremento salarial del 1,6% a todos los trabajadores y trabajadoras agrarias de Sevilla, además de cumplir lo estipulado en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, que fija el Salario Mínimo Interprofesional para el año 2021. Al acto de la firma asistió el responsable del sector Agrario y de Manipulado Hortofrutícola de UGT FICA, Emilio Terrón.

La Federación viene denunciando desde 2017 y ante los organismos competentes, la pérdida salarial que día a día están sufriendo los trabajadores agrarios de Sevilla como consecuencia del Convenio firmado por CCOO y ASAJA en 2017 y la actualización de tablas salariales derivadas de este convenio, que en el año 2021 mantiene a cerca de 28 categorías por debajo del SMI.

Desde UGT FICA no comprenden que una organización que se supone que representa a los trabajadores pueda seguir manteniendo con su firma un convenio que establece unas condiciones salariales que atentan a la dignidad de los trabajadores más desfavorecidos del campo sevillano.

Tampoco le parece coherente al sindicato que la patronal ASAJA exija medidas contra la COVID 19 sin asegurar convenientemente la salud y seguridad de los temporeros y temporeras, y que denuncie la pérdida económica que supuestamente conllevan las ayudas europeas contenidas en la Política Agraria Común (PAC), que proceden de nuestros impuestos, cuando desde el año 2019 vienen negándose a pagar a los trabajadores del campo lo estipulado por el real decreto del salario Mínimo Interprofesional, que para 2021 está fijado en 950 euros.

Desde UGT FICA vuelven a reclamar a la Administración que obligue a las empresas de ASAJA a abonar la parte proporcional de los salarios que ha dejado de pagar a los trabajadores por el incumplimiento del SMI, y que impida el registro de las tablas salariales que no se ajusten a lo aprobado en el real decreto.

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